El Ayuntamiento de Barcelona anuncia que su equipo jurídico está evaluando si pedir al Ministerio del Interior “algún tipo de responsabilidad penal” por la reapertura del CIE. La posición de Ada Colau sigue firme respecto a la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca: el Ayuntamiento de Barcelona continuará su lucha contra el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. De hecho, el Consistorio estudia dar un paso más y reclamar responsabilidades penales al Ejecutivo central por desobedecer la orden de cese de actividades y no permitir el acceso a los inspectores municipales.
Después de anunciar que el Consistorio emprenderá la vía administrativa, el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens, ha declarado, después de una reunión de urgencia convocada por Ada Colau para evaluar la situación del CIE, que ha pedido a los servicios judiciales del Ayuntamiento que evalúen “si lo que está sucediendo puede tener algún tipo de responsabilidad penal”.
Tras el encuentro con agentes y fuerzas políticas a favor del cierre definitivo de centro, Asens ha mostrado su sorpresa ante el conflicto que ha planteado el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy; un choque que ha calificado de “inédito”. Por ello, Colau ha reunido, con el fin de hacer “un frente común” al pulso de Fernández Díaz, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el conseller de Justicia, Carles Mundó; la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà; representantes de los grupos municipales que suscribieron la declaración institucional contraria al CIE -BComú, PSC, CiU, ERC y CUP- y las entidades de defensa de los Derechos Humanos SOS Racismo y Migrastudium.
“La idea es que esta cumbre no quede en un gesto y tenga continuidad en el tiempo para engrandecer y reforzar la movilización ciudadana” de rechazo a los CIE y llevar al Congreso la demanda de un cambio en la ley de Extranjería que conlleve el cierre de estos centros, ha remarcado Asens.
Mientras que el equipo jurídico del Ayuntamiento de la capital catalana estudia si la vía penal es una posible solución para el órdago lanzado por Interior, el departamento de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación de Barcelona tiene pendiente la inspección del CIE que la Policía Nacional impidió hace apenas una semana.
De hecho, los plazos que maneja Colau pasan porque el juez, tal y como ha revelado el propio teniente alcalde Asens, autorice, en menos de un mes, la inspección. Acto seguido, el Consistorio procedería a precintar el centro, como medida para asegurar que se cumple con la resolución administrativa de cese de la actividad. Momento en el que se daría paso a la ciudadanía que ha mostrado rechazo a la presencia de estos CIE en la ciudad, según ha explicado Asens.
Una reunión de urgencia que Colau ha celebrado al ver la rápida respuesta que han dado tanto las organizaciones como los representantes políticos. Todo con el objetivo de acabar con los CIE y así dar un paso más para “preservar los derechos de todos los ciudadanos por igual”.
