El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento que detalla las razones de la preocupación de Bruselas a las autoridades nacionales y les da un plazo de dos meses para enmendar la situación.
Los expedientes sancionadores prevén una segunda etapa de diálogo si no se resuelve el conflicto en esta primera fase y, en última instancia, el Ejecutivo comunitario podría elevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.