Los técnicos de Hacienda comentan que este nuevo gravamen supone un “nuevo guiño a la banca” que se suma al “salvavidas” de los créditos fiscales. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que el impuesto a los depósitos bancarios aprobado el pasado viernes por el Gobierno supondrá un coste de 362,9 millones de euros anuales para las entidades financieras.
Este gravamen aplicará una tasa única del 0,03% sobre el volumen global de depósitos desde el 1 de enero de 2014, que en España asciende a 1,2 billones de euros, una cantidad un 20% superior al PIB y que también incluye los impuestos análogos que aplicarán las diputaciones forales del País Vasco y Navarra.
A pesar de que el Gobierno eleva el tipo del impuesto desde el 0% que inicialmente fijó en 2013 para todo el territorio español, sigue siendo todavía diez veces inferior al tipo mínimo que aprobaron en su día algunas comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía, Canarias, Cataluña, Asturias y Valencia, y que se situaba en un mínimo del 0,3% y se elevaba en una tarifa progresiva al tipo marginal del 0,5% para las mayores bases imponibles.
El Gobierno, a finales de 2012, justificó la creación de forma urgente de un impuesto estatal a los depósitos bancarios tras una sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló la creación de este impuesto por las autonomías. De este modo, el Ejecutivo intentaba evitar el riesgo de deslocalización de los mayores depósitos si cada comunidad aplicaba un tipo distinto, si bien la realidad ha demostrado que las tarifas aprobadas por las autonomías eran exactamente las mismas, salvo en Extremadura, que era algo superiores.
Ahora, el Estado se ve obligado a exigir un gravamen, aunque sea mínimo, para evitar que los recursos de inconstitucionalidad planteados por los gobiernos de Asturias y Cataluña cuestionen que, con el tipo del 0%, realmente no existía un gravamen estatal a los depósitos bancarios.
Por ambos motivos, Gestha considera un “nuevo guiño a la banca” que el gravamen estatal sea una décima parte del tipo mínimo de las tarifas autonómicas a las que sustituye, que se suma al “salvavidas” incluido dentro de la reforma fiscal recientemente aprobada para evitar un deterioro de sus activos de 6.400 millones de euros.
