La juez ha decretado la nulidad de la ejecución hipotecaria que había sido reclamada por la Sareb. El juzgado de instrucción número 3 de Cambados, Pontevedra, ha decretado la nulidad de una ejecución hipotecaria dispuesta el pasado 25 de marzo. La juez entiende que la resolución es nula por ser contraria a la norma vigente, que permite el recurso de apelación citando razones de abusividad.
De acuerdo al director del despacho que ha dirigido la defensa de la pyme afectada, se produjeron fallos al dictar la ejecución: “hubo una extralimitación al no observar la legislación vigente entonces, que permite la oposición a una ejecución hipotecaria cuando ha existido abuso por parte de las entidades financieras”.
La ejecución hipotecaria en cuestión había sido reclamada por la Sareb, conocida también como ‘banco malo’, a una pyme gallega de la zona, que ahora cuenta con 20 días laborales para poder alegar la existencia de cláusulas abusivas en su hipoteca. En el despacho se muestran rotundos, y denuncian que el desahucio es injusto, dado que “el contrato fue abusivo” y apelan a que se denuncie la “abusividad ahí donde ha existido”.
Las polémicas en torno a cláusulas abusivas en contratos hipotecarios no dejan de aumentar. Las últimas novedades llegan desde las cláusulas suelo que, de acuerdo a datos de Adicae, pueden ser las responsables de que una hipoteca resulte hasta 23 veces más cara por cuota.
Estas cláusulas suelo fueron establecidas en los años de burbuja inmobiliaria, pero alcanzaron su cota máxima en julio de 2008, cuando se fijaron en un porcentaje cercano al 5,4%. Ante tales cifras, desde Adicae aseguran que la eliminación de la cláusula suelo podría evitar 200.000 embargos al año, además de un buen número de desahucios.
Y es que, de acuerdo a varias sentencias ya ejecutadas, las cláusulas suelo se consideran abusivas. De hecho, los bancos cada vez se muestran más propensos a negociar o, incluso, eliminar el suelo de las hipotecas: por el momento, los juzgados tienden a dar la razón a los hipotecados que las reclaman, con lo que las entidades apuestan lentamente por la reforma de las cláusulas.
