La justicia europea da la razón a España y anula la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales. La Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) -que agrupa a los principales astilleros privados españoles- ha aplaudido hoy la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de anular la devolución de ayudas, y ha avanzado que estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados.
El Tribunal General de la UE ha fallado esta mañana en contra de la Comisión Europea y a favor de los recursos que fueron presentados por España, por Pymar y LICO, anulando la decisión de Bruselas de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales (‘tax lease’) para los inversores en astilleros y que obligaba a España a recuperar estos apoyos.
La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha expresado hoy su satisfacción por la sentencia, ya que “ha quedado probado ante la justicia europea que todo lo que hicimos desde España con el antiguo sistema de ‘tax lease’ era totalmente legal y ajustado a derecho”. Ahora, “Pymar estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español en términos de empleo, económicos y reputacionales, que se ocasionaron al sector de los astilleros privados”.
La sentencia conocida hoy anula la decisión de la Comisión Europea de 17 de julio de 2013 que consideraba ayuda de estado incompatible con el mercado interior al antiguo sistema de ‘tax lease’ aplicado en España entre los años 2007 y 2011.
El Tribunal determina que el denominado sistema español de arrendamiento fiscal no constituía ayuda de estado, teniendo en cuenta que no tenía carácter selectivo, ya que todos los contribuyentes en España que desarrollaran una actividad económica e invirtieran en este tipo de operaciones podían resultar beneficiarios del sistema. Como consecuencia de esta sentencia, quedará anulada igualmente la orden de recuperación de las supuestas ayudas concedidas a través del referido sistema, proceso que el Ministerio de Hacienda y Administración Públicas ya había iniciado por petición de los servicios de competencia de la Comisión Europea. La sentencia condena asimismo en costas a la CE.
En un comunicado, Pymar recuerda que la apertura del expediente de investigación se produjo en un “duro contexto de crisis económica, bajo el mandato del entonces Comisario de Competencia y Vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia”. Asimismo, a juicio de los astilleros, supuso la “inmediata paralización” de pedidos de nuevas construcciones en España y conllevó un “drástico frenazo en la actividad para todo el sector, con unos efectos devastadores para la industria naval”.
La competencia de los astilleros privados españoles, fundamentalmente los astilleros holandeses, “artífices y firmantes de las denuncias” que provocaron el inicio del procedimiento de investigación por parte de la Comisión, vieron incrementarse “vertiginosamente” su cartera de pedidos, alcanzando un nivel de contratación sin precedentes que en 2013 fue un 80% superior al de 2010.
