El sector pesquero gallego, en especial en el entorno de Vigo, comienza a ver con preocupación la posible fusión de Caixanova y Caixa Galicia impulsada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya que considera que dificultará su acceso a la financiación.
Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, ha señalado que “de llevarse a cabo la fusión, como pretende el Gobierno de Núñez Feijóo, se dará una concentración de riesgos de 1.800 millones de euros”. Tal y como ha explicado el armador, “esto implica que las empresas del sector pesquero perderán dinero circulante para poder cancelar el pasivo que tienen con estas entidades”, con el consiguiente perjuicio para el sector, clave en la economía gallega. Según cifras del Instituto Gallego de Estadística, la contribución del sector pesquero al Producto Interior Bruto gallego asciende al 10,7% del total.
Además, el PIB de la pesca en Galicia es 25 veces superior a la media europea, lo que hace a la economía de la región muy dependiente del sector. Las actividades que guardan relación con la pesca extractiva tradicional, el marisqueo y la acuicultura están generando cifras de negocio que superan los 1.000 millones de euros anuales desde el año 2004.
Los armadores no son los únicos críticos con la posible fusión de las dos cajas gallegas. En el entorno de Vigo, sede de Caixanova, tanto el alcalde socialista, Abel Caballero, como los sectores empresariales se muestran en contra de este proceso. Sin embargo, tras aprobar la nueva Ley de Cajas, en la que la Xunta logró una representación en los órganos de gobierno de las entidades, los populares gallegos continúan quemando etapas para hacer realidad la fusión. El último espaldarazo lo han recibido de parte de la auditoría realizada por KPMG, que concluye que la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova es “solvente, garantiza la galleguidad y está avalada técnicamente”, con beneficios desde el primer año. No obstante, entre los costes de la reestructuración se encuentran el despido de casi 1.300 empleados y el cierre de unas 300 sucursales. El presidente del Gobierno regional ya ha trasladado mismo al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el resultado de esta auditoría.
Uno de los personajes más críticos con la posible fusión entre Caixa Galicia y Caixanova es el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha reiterado que el consistorio planteará la suspensión cautelar de la Ley de Cajas de Galicia por entender que supone “un abuso de derecho” y que registra “multitud de elementos” susceptibles de reprobación. A mayores, auguró que este texto normativo será objeto de “una batería de recursos” que partirán de quienes pretenden “defender” a la ciudad. En rueda de prensa, apuntó que un equipo de juristas “muy serios, muy capaces y con gran experiencia” está elaborando los argumentos principales que esgrimirá el Gobierno local, al tiempo que reiteró su denuncia sobre el «incumplimiento» que observa con respecto a la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro (LORCA).
