La enmienda presentada por el PSOE a la Ley de Sociedades Anónimas, que pondrá fin al blindaje en los derechos de voto de algunas empresas cotizadas españolas, ha caído como una bomba entre varios sectores empresariales, en medio de la sorpresa del resto de grupos parlamentarios.
Aunque serían varias las empresas afectadas, como Telefónica, el Popular, Sabadell, Red Eléctrica o Enagás, nadie duda de que los principales afectados con esta modificación serían Iberdrola y Repsol. Ambas compañías representan el ejemplo más notorio de fricción entre la dirección de la empresa y sus mayores accionistas: ACS y Sacyr, respectivamente, que se convertirían en las grandes beneficiadas.
La enmienda es un paso para reconocer, en términos de representación, la participación que realmente tiene cada accionista. Si disponen de más derechos de voto, las dos constructoras podrían tomar el mando de ambas compañías sin tener que aumentar sus participaciones en el capital social. Así, por ejemplo, llegado el momento, la compañía que preside Florentino Pérez podría votar en las juntas con derechos de voto que van más allá del 10% (actualmente no tiene representación en el consejo).
Además, si se eliminan los blindajes, ambas constructoras elevarían el valor de sus paquetes accionariales. Es decir, si Sacyr quiere vender su 20%, lo hará con el plus de que esa participación representa derechos de voto por valor del 20%. Las constructoras entraron en el capital de las energéticas, un sector estratégico para el país, hace cuatro años para diversificar sus inversiones, compras que dispararon su endeudamiento y que tras el estallido de la crisis les llevaron a situaciones financieras muy delicadas.
Algunas fuentes empresariales consultadas por este diario han asegurado que desde que se conoció la propuesta este fin de semana, ha habido contactos entre las empresas afectadas para determinar una posición común y evitar estos cambios, que les podrían dejar en inferioridad de condiciones frente a sus rivales, que cuentan con medidas similares o que están protegidos por los Estados, al tener a este como principal accionista, como es el caso de algunas compañías como la francesa EDF.
De hecho, tal y como recuerdan estas mismas fuentes, la propia Comisión Europea no quiere impulsar estos cambios. “En toda Europa sólo existen límites en Alemania e Italia, pero la situación es muy diferentes porque los accionistas están muy atomizados”, añaden.
Otras fuentes jurídicas consultadas, pese a considerar que las sociedades anónimas deberían regirse por un sistema proporcional, admiten sin embargo que no debería hacerse en un contexto de crisis económica, como el actual, ya que podría desestabilizar a las empresas.
Los partidos políticos han trasladado a EL BOLETÍN su sorpresa por la emienda que rompería la normativa que en su día elaboró el Gobierno del PP. “Nosotros no sabemos nada”, aseguraban desde ERC y PNV. Está previsto que se debata el próximo 4 de marzo en el Congreso, tras ser presentada por el PSOE el pasado 16 de febrero.
