El Gobierno ha aprobado suprimir unos 10.600 empleos de la Administración Central, al reducir del 8% al 5% el número máximo de vacantes con el objetivo de ahorrar alrededor de 250 millones de euros en los próximos tres años.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que esta medida de austeridad evitará “desviaciones al alza” de las masas salariales de los funcionarios.
De la Vega explicó que los únicos organismos públicos donde no se aplicará esta reducción serán las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Justicia, los servicios penitenciarios, los servicios públicos de empleo estatal y los controladores aéreos.
La vicepresidenta también confirmó el visto bueno a la creación del Observatorio de Empleo Público que se encargará de analizar la situación del empleo público y a generar recursos humanos “más eficientes”. Este organismo “no tendrá coste adicional” porque no creará una nueva estructura, aclaró.
