Una indemnización de 22 días por año con un límite máximo de 14 mensualidades es la propuesta que ha realizado Bankia a los sindicatos para acometer el despido de 5.000 empleados del banco. Aunque las negociaciones están en su etapa inicial y la cifra aún puede variar, la compensación ofrecida supone menos de la mitad de la que se llevaron consigo los afectados del ERE anterior.
Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, surgió de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño (cajas de Ávila, Segovia, La Rioja, Insular de Canarias y Laietana). El proceso, que recibió unas ayudas iniciales de 4.500 millones de euros, vino aparejado de un ERE para 3.700 trabajadores, el 16% de la fuerza laboral, lo que redujo la plantilla hasta cerca de los 21.000 empleados que tiene actualmente.
No obstante, las condiciones que ofreció Bankia fueron generosas, ya que los trabajadores que se acogieron a las bajas voluntarias cobraron una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, más una prima que oscilaba entre los 10.000 y los 30.000 euros. La mayor parte del ajuste se realizó, sin embargo, a través de prejubilaciones, que ni tan siquiera se contemplan ahora en el plan inicial de Bankia. Estos empleados con al menos 55 años que se acogieron a las prejubilaciones recibieron el 95% del sueldo del último ejercicio.
Nada que ver con la actual oferta de Bankia para dar salida a otros 5.000 trabajadores, con indemnizaciones de 22 días por año trabajado. Es, eso sí, mejor que la aplicación a rajatabla de la reforma laboral, que contempla apenas 20 días por año y 12 mensualidades. Esta reforma, aprobada a principios de año por el Gobierno, supone un auténtico as en la manga de la dirección, al que podría recurrir si no llega a un acuerdo con los sindicatos.
Los sindicatos ya se han apresurado a calificar la propuesta de la dirección de “indecente”, incluso como punto de partida de la neociación. “Los propietarios de la empresa pretenden escudarse en las presuntas condiciones impuestas por Bruselas e ir más allá de las mismas por razones difíciles de explicar”, señalan los representantes de los trabajadores en una circular conjunta en la que se preguntan si estas medidas responden “a los intereses espurios” de quienes tratan de “correr un tupido velo sobre las responsabilidades que les alcanzan en el desastre del sistema financiero español”, e incluso de aquellos que “pueden obtener pingües beneficios de ese desastre, a costa de clientes y empleados”.
