La polémica OPA que ACS ha lanzado sobre Hochtief ha resucitado las tensiones en el seno del Gobierno alemán. Mientras el ministro de Economía, el liberal Rainer Brüderle, considera que el Ejecutivo debe situarse al margen y no intervenir en la operación, la CDU de Angela Merkel estudia cambios en la Ley de OPA para incluir “mayores obligaciones” y defiende que la sede de Hochtief se quede en Essen.
Brüderle descartó hoy la necesidad de cambiar la legislación para interferir en la oferta de la empresa que preside Florentino Pérez, al señalar que “las reglas legales son por el momento suficientes” e insistió una vez más en que no es partidario de intervenir en el mercado. Las palabras del ministro de Economía alemán se producen después de que este fin de semana Reuters publicara, citando fuentes del Gobierno alemán, que el Ejecutivo de Merkel se plantea cambiar la Ley de OPA para impedir ofertas como la de ACS. También este fin de semana el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, se pronunció a favor de que Hochtief mantenga su actividad como hasta ahora y su sede en Essen si la OPA de la española, considerada “hostil”, sale adelante.
Estas tensiones internas se suman al conflicto político desatado por las intenciones de ACS. El presidente de los socialdemócratas alemanes (SPD), Sigmar Gabriel, sembró dudas el pasado viernes en torno a la oferta de la española al señalar que puede incumplir la legislación. “Me huele a que existen movimientos de autocartera encubiertos”, señaló Gabriel tras visitar la sede de Hochtief. Los analistas políticos vieron en esas declaraciones un llamamiento al Gobierno alemán para que frene a la constructora de Pérez.
Mientras, un nuevo actor se ha sumado al ‘culebrón’. En un comunicado, David Mortimer, presidente de la australiana Leighton, de la cual Hochtief controla el 54,5%, anunció que ha solicitado al supervisor del mercado que garantice la protección de sus accionistas minoritarios si ACS tiene que ampliar la OPA a todo el accionariado de la compañía. Mortimer considera que, en ese caso, la española tendría que aportar una contraprestación económica en efectivo junto a una prima de control. Asimismo, aclara que está estudiando con atención la oferta de ACS para responder a ella de manera que se protejan los intereses de los accionistas minoritarios. Fuentes de ACS consultadas por EL BOLETIN rechazaron hacer declaraciones al respecto.
La opinión pública alemana, según los expertos, es partidaria de que el Gobierno de Merkel intervenga en la operación si los trabajadores de Hochtief en Alemania corren el peligro de perder su puesto de trabajo como resultado de la oferta. Una tesis que comparte el socialdemócrata Harry Voigtsberger, ministro de Economía del estado de Renania del Norte-Westfalia, quien, en declaraciones a EL BOLETÍN, señaló que el Gobierno alemán “no debería descartar ninguna línea de actuación si los trabajadores de Hochtief en Alemania se ven amenazados”.
