El Decreto Ley de reforzamiento del sector financiero, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, era “imprescindible” para devolver la tranquilidad a los mercados internacionales, según ha señalado hoy el gobernador del Banco de España (BdE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha reconocido no obstante que esto “no sucederá de la noche a la mañana”. Por ello, ha pedido al Gobierno que no se frene, sino que vaya a más y profundice en las reformas estructurales que sean necesarias. No basta con quedarse parados, “si las cosas cambian, hay que reaccionar”, ha recordado.
En ese sentido, ha destacado que la situación en la que se encontraban las entidades anticipaba un “corte del crédito en mayo” por la desconfianza generada a raíz de la crisis de Irlanda, que comenzó en noviembre del año pasado, y que trasladó la desconfianza hacia España por los paralelismos que, a priori, mostraban los dos países. Esto es, el estallido de una burbuja inmobiliaria que arrastró al sector financiero. Según el gobernador, esta desconfianza “obligaba a adoptar más medidas para acelerar y completar los avances ya realizados con la reestructuración del sistema bancario español”.
El supervisor considera además que las nuevas medidas de solvencia aprobadas no repercutirán en un “credit crunch”, como se habían quejado algunas voces del seno de las cajas. A su juicio, de hecho, esa era la situación a la que se encaminaba el sector de no haberse hecho nada.
Las cajas de ahorros tienen una exposición al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria de 217.000 millones de euros, algo más de un 20% del PIB español, según ha señalado hoy Miguel Ángel ernández Ordóñez. En una rueda de prensa para analizar el nuevo decreto para el reforzamiento del sector financiero, ha señalado que de esta cifra, aproximadamente 100.000 millones, un 46%, son “potencialmente problemáticos”.
Tal y como ha explicado el gobernador, esta inversión problemática incluye los créditos dudosos (28.000 millones), los créditos en situación normal bajo vigilancia (28.000), y los inmuebles adjudicados (44.000). Las provisiones constituidas para hacer frente a esta exposición alcanzan los 31.000 millones de euros, aunque si se incluye las provisiones genéricas, la cifra es de 38.000 millones, con lo que la cobertura es del 38% sin incluir las garantías hipotecarias.
El gobernador ha defendido también la posibilidad de que las cajas tengan finalmente hasta marzo para salir a Bolsa, en vez de septiembre como se había previsto inicialmente. El plazo “no se ha variado”, ha señalado Ordóñez, sino que el BdE analizará cada situación en septiembre, y se concederá una prórroga en el caso de que “las probabilidades de que se realice con éxito la salida a Bolsa sean muy altas”. Ordóñez mantiene también que las necesidades de capital de las cajas de ahorros se encontrarán por debajo de los 20.000 millones de euros. Para hacer frente a estas necesidades, las cajas pueden acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que cuenta actualmente con 7.500 millones de euros de liquidez inmediata.
Las entidades tienen hasta el próximo cuatro de marzo para presentar sus cuentas, y una semana más tarde, el día 10, el Banco de España publicará cuáles son las necesidades de capital adicional que requerirá cada una de ellas para alcanzar los nuevos estándares de solvencia, que establecen un ‘capital principal’ del 8% para los bancos cotizados y del 10% para las cajas que mantengan su actual forma jurídica y para las entidades que dependan más de un 20% de la financiación mayorista.
Caruana
El 26 de mayo de 2006, los inspectores del BdE enviaron una nota informativa al Ministerio de Economía en la que advertían de que se estaba produciendo una “burbuja” inmobiliaria en el sistema financiero español de peligrosas consecuencias, según publica hoy El Mundo. “Nos vemos obligados a hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala situación del mercado inmobiliario es muy superior al que se desprende de los discursos del gobernador”, Jaime Caruana, según la nota. Los inspectores aseguraron en su informe que acudían a Pedro Solbes, ex ministro de Economía, porque consideraban “pasiva” la actitud de Caruana.
