Las cajas que no puedan encontrar inversores privados y tengan que acudir a las ayudas públicas deberán recortar drásticamente sus consejos de administración. Según el decreto aprobado el pasado viernes por el Gobierno, las cajas que recurran al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no podrán tener más de 15 consejeros, de los que al menos un tercio deberán ser independientes.
Actualmente, ninguna de las 17 entidades que permanecen en pie tras la reordenación del sector iniciada el año pasado cumple estos requisitos. Como muestra, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), el SIP que lidera Caja Madrid, presenta nada menos que 22 consejeros, de los que tan sólo dos son independientes. No obstante, la ley sólo obligaría a reducir el número de consejeros en el banco del SIP, por lo que los consejos de administración de las cajas fundadoras podrían mantenerse intactos.
En el caso del BFA, que ya ha anunciado su intención de salir a Bolsa, suma 120 miembros en los respectivos órganos de gobierno. Una de las intenciones del Gobierno con el nuevo texto es que se reduzca la dependencia política de las cajas, algo que ha criticado también Standard & Poor’s. La agencia de calificación considera que algunas de las integraciones “no son el resultado de la mejor combinación posible”, sino de intereses políticos. Para S&P, algunos de las cajas más débiles se han unido entre sí, en vez de buscar un socio más fuerte.
Precisamente, las cajas que se presupone que tendrán más dificultades para alcanzar los nuevos requisitos de capital son las que más han engordado sus consejos de administración. Es el caso de la fusión Caja Duero-Caja España, que suma 34 consejeros. La entidad castellano leonesa presenta un core capital del 8,01%, con lo que le faltaría un 2% para poder mantener su independencia como caja de ahorros. En otra comunidad gobernada por el PP, Galicia, Novacaixagalicia tampoco cumple las exigencias del Gobierno, con un total de 19 consejeros y un core capital apenas por encima del 6%.
De hecho, tan pronto como conoció el nuevo decreto, la caja gallega envió el viernes, antes de que se publicase el texto en el BOE, una carta solicitando ayudas adicionales al antiguo FROB. Estos fondos públicos, a diferencia de los que se desembolsen a partir de ahora, consistían en participaciones preferentes, lo que evitaba la nacionalización. Sin embargo, finalmente el Banco de España le cerró esta vía a la caja gallega, lo que ha desatado las protestas del presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, que ve una discriminación respecto a la catalana Catalunya Caixa, que sí ha podido acceder a estas ayudas. Con el presidente de la Xunta se ha alineado el PP, que intenta que se modifique el FROB.
