De las 15 autonomías españolas, sólo Castilla y León ha reconocido, en declaraciones a El BOLETÍN, que usa a sus empresas públicas para frenar su endeudamiento. Gracias a un ardid contable, la deuda de algunas compañías que dependen de las comunidades autónomas no computa en las estadísticas oficiales que elabora el Banco de España.
En concreto, el protocolo de déficit excesivo (PDE) permite que aquellas empresas públicas que comercialicen sus productos en el mercado no se tengan en cuenta para calcular el endeudamiento autonómico. En el caso de las empresas de Castilla y León cuya deuda aumentó un 40,16% en términos interanuales, se encuentran sociedades dedicadas a las exportaciones, la logística o al abastecimiento de agua.
Para hacer frente a nuevas inversiones, a menudo de carácter urgente, desde la Consejería de Hacienda de Castilla y León admiten que una parte de los proyectos puestos en marcha “han sido ejecutados por empresas públicas que no computan como Administración Pública”, utilizando esta herramienta que permite la Contabilidad Nacional. El resto de empresas dependientes de las autonomías y “que no producen para el mercado” sí que se incluyen en el cálculo, como por ejemplo las televisiones, los aeropuertos o consorcios turísticos.
Cataluña La flexibilidad de esta medida del Banco de España ha beneficiado especialmente a Cataluña. De hecho, sus 98 sociedades no financieras (entre las que se encuentra el Circuito de Cataluña o la Fira 2000) acumularon a finales del pasado ejercicio una deuda de 7.811 millones de euros. Desde la Generalitat confirman a este diario que la cifra de deuda se debe a las grandes operaciones a las que se ve obligada a realizar la Administración, derivadas de la gran cantidad de competencias asumidas.
En otras comunidades, la necesidad de acometer nuevos proyectos ha sido igualmente el motivo de este incremento de la deuda fuera de balance. Baleares ha visto como sus 55 compañías no financieras públicas almacenan 678 millones de endeudamiento. Con el objetivo de inyectar dinamismo al tejido económico en un momento en que la iniciativa privada pasaba por dificultades, el Ejecutivo balear optó por la inversión pública.
Las comunidades autónomas acumulaban a cierre de 2010 fuera de balance una deuda valorada en 17.284 millones, un 13,69% más respecto al mismo dato de 2009.
