Si este año no se cumplen los objetivos de crecimiento económico del Gobierno, que espera que el PIB crezca un 1,3%, el agujero en las arcas del Estado podría ser mayor del previsto, lo que conllevaría un incumplimiento del compromiso pactado con Bruselas. De este modo, Moncloa se vería obligada a optar por un plan B. Los analistas consultados creen que el Ejecutivo recurrirá a un bloqueo de transferencias a las autonomías.
“El objetivo de déficit del 6% para este año es irrenunciable, por lo que en el caso de que se produzca cualquier desviación que impida su cumplimiento se tomarán todas las medidas necesarias”, señala a EL BOLETÍN un portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda.
Además de posibles subidas de impuestos, José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citigroup en España, cree que serán las autonomías las que asuman el posible recorte de gasto público, ya que el Gobierno podría optar por no transferir parte de los fondos previstos para este año.
Esta decisión supondría un nuevo varapalo para las autonomías en un momento en el que la mayoría de las regiones han incumplido los objetivos de déficit y se encuentran con graves problemas de financiación ya que el Gobierno les ha prohibido acudir a los mercados mayoristas para emitir deuda.
Así, muchas de ellas han optado por acudir al mercado minorista con emisiones de los denominados ‘bonos patrióticos’, un movimiento que conlleva riesgos según la agencia de calificación Moody’s.
Este recurso, cada vez más extendido entre las regiones en peor situación económica a las que el Gobierno les ha prohibido acudir al mercado de deuda, no sólo aumentará notablemente las necesidades de financiación, según la agencia, sino que alimentará la llamada ‘guerra de depósitos’ al ofrecer altas rentabilidades. Una consecuencia que conlleva un “efecto negativo sobre los márgenes” de la banca, ya que las autonomías entran a competir con ella en el mercado minorista.
Además, la agencia de ráting calcula que las regiones que han emitido bonos de este tipo podrían necesitar entre 30.000 y 35.000 millones de euros este año para cubrir las necesidades de financiación que conlleva su corto plazo. Esta cifra podría repetirse de nuevo en 2012.
Las autonomías españolas han emitido un total de 8.000 millones de euros en el mercado minorista desde noviembre, según la agencia. Esta cifra no tiene en cuenta la segunda emisión de la Comunidad Valenciana, que asciende a 900 millones de euros con un cupón del 6,5%. Cataluña ha emitido en dos ocasiones, un total de 6.300 millones de euros. Andalucía colocó hace unos días 500 millones de euros.
Moody’s concluye que el afán de los ciudadanos por comprar este tipo de bonos, junto a los vencimientos de estas emisiones y los tipos de interés pagados, determinarán si esta fuente de financiación es sostenible en el tiempo.
