El Sistema Institucional de Protección (SIP) formado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura han pactado una reducción de plantilla del 17% en un plazo máximo de tres años, que supone la salida de 1.227 empleados del total de la plantilla que asciende a 6.500, pero no se sabe si se trata del mismo número de despidos que estaba previsto en el anterior acuerdo firmado en diciembre que amparaba la salida de 1.880 trabajadores, pero en el que también se incluía la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Aunque sí que se mantienen las mismas condiciones de despido como la salida de los trabajadores mediante la vía de las prejubilaciones, con derecho a inscribirse en el INEM durante dos años, y el posterior convenio especial con la Seguridad Social hasta los 64 años. Otra de las medidas que defiende este plan es el derecho a una indemnización. Sin embargo, la partida económica reservada por la nueva entidad para las prejubilaciones no ha sido facilitada, pese a las preguntas de EL BOLETÍN.
Fuera de todo esto que no se sabe, esta fue la primera vez que el nuevo SIP se reunía con los representantes de los sindicatos, de CCOO, UGT, CSICA y CGT, que ya trabajan de modo coordinado desde hace meses. La cita fue propuesta por los representantes de los trabajadores, que enviaron la petición por carta a la directiva del SIP el pasado mes de abril durante una reunión rutinaria.
En la reunión se acordó que los despidos se llevarán a cabo mediante la prejubilación voluntaria, a la que se podrán acoger todos los trabajadores con 55 años, o que los cumplan a lo largo del presente año, y un mínimo de diez años de antigüedad en la caja.
Pese a que el Gobierno estudia endurecer las normas de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), algunas fuentes sindicales aseguraron a EL BOLETÍN que estas nuevas medidas no les afectará ya que se trata de un acuerdo anterior a la aprobación de este proyecto.
Otra de las cajas que se encuentra en plena negociación es Novacaixagalicia, que se reunió mesta mañana con los sindicatos para dar inicio a las negociaciones sobre los nuevos recortes que aplicará la caja gallega. En total, la entidad financiera necesita reducir en casi 200 millones de euros sus gastos de explotación.
Durante la reunión, han acordado disminuir el recorte anual de 43,5 millones de euros hasta los 35,5 millones, y se han comprometido a buscar nuevas vías para no realizar recortes salariales.
Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha para reunirse, la caja gallega se ha comprometido a llamar mañana a los sindicatos con la nueva fecha.
