Los temores de los inversores de pagarés de Ruiz-Mateos se han confirmado. La solución prometida por el empresario jerezano ha llegado en forma de carta, aunque su contenido no ha sido el esperado. En ella, Ruiz-Mateos reconoce que no podrá pagar. No obstante, se ofrece a abonar los préstamos recibidos cuando cobre la indemnización que reclama al Estado por la expropiación de Rumasa en 1983.
La familia jerezana ha cambiado por completo el discurso que mantenía hasta ahora, en el que aseguraba que no dejarían de pagar a ningún bonista. Según publica hoy El Economista, que ha tenido acceso a una de las misivas enviadas por Ruiz-Mateos a los inversores, las empresas que emitieron los pagarés no podrán enfrentar el pago de los vencimientos debido a la “situación concursal” en la que se encuentran.
Por ello, el empresario jerezano ha propuesto a sus inversores saldar sus deudas cuando la familia cobre la indemnización, algo que de momento parece complicado, ya que todos los fallos judiciales han dado la razón al Estado, y no a los Ruiz-Mateos. La justicia española entiende que la expropiación se realizó porque en Rumasa había un agujero patrimonial, por lo que no cabe indemnización alguna.
En concreto, el canje propuesto a los titulares de pagarés supondría una renuncia a cobrar las cantidades prestadas de las sociedades que los emitieron, y supeditar el pago a la retribución que debe abonar el Estado al conglomerado de la abeja.
Algo que han negado de lleno fuentes de Nueva Rumasa. Según han explicado a EL BOLETÍN, esta carta no pretende eximir a las firmas de los Ruiz-Mateos de sus obligaciones con los bonistas, sino que se trata de una “garantía más del pago”. Esas fuentes han señalado que los inversores no corren ningún “riesgo de quedarse sin nada”, ya que esta carta sólo pretende “aumentar las garantías” ante la situación en la que se encuentran las empresas de los Ruiz-Mateos. Las quitas acordadas por los administradores concursales serán compensadas con ese dinero, ya que “don José María tiene intención de pagar el 100% de su deuda”.
No obstante, y a pesar de lo referido por esas fuentes, no todo parece tan fácil. Es cierto que Ruiz-Mateos “se obliga al pago, a sus tenedores legítimos, de los pagarés con cargo al dinero que deba hacer efectivo el Estado expropiante”, aunque para ello los inversores deben ceder sus derechos de cobro de manera “incondicional y sin reserva alguna”, lo que ha hecho que los inversores desconfíen de tal propuesta.
Según parece, los abogados que asesoran a los bonistas han recomendado a sus clientes que no firmen tal documento, ya que no existen garantías de cobro, que es lo primero que se pide cuando se cede un derecho como este.
La misiva de los Ruiz-Mateos ha llegado pocos días después de que se produjese la primera querella colectiva contra la familia jerezana por presuntos delitos de estafa en la emisión de pagarés, presentada ante la Audiencia Nacional. Además, otros 150 inversores han presentado otras demandas individuales por incumplimiento en el pago de los intereses de los pagarés, en las que reclaman a la familia entre 10 y 11 millones de euros.
