Los jueces no quieren implicarse en los conflictos entre los grandes accionistas de las empresas españolas del Ibex 35. El Tribunal Supremo ha rechazado hoy la petición de Iberdrola de suspender temporalmente la ley antiblindajes (también llamada ‘enmienda Florentino’). Esto ocurre sólo un día después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid denegara las medidas cautelares solicitadas por tres de los principales accionistas de Sacyr, que controlan un 25,3% de la compañía, contra los nombramientos de dos consejeros dominicales.
Iberdrola presentó hace unas semanas en el Supremo una solicitud de medidas cautelares contra el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital, que entró en vigor el pasado 1 de julio y que elimina las restricciones de voto en las empresas. Además, solicitó que hasta que se resolviera el proceso no se aplicara la medida
El Alto Tribunal considera que esta suspensión cautelar de una disposición general solo puede solicitarse en el inicio del proceso o en la demanda, y no en el momento actual, cuando el proceso está a punto de concluir.
A pesar de la entrada en vigor de la llamada ‘enmienda Florentino’, los obstáculos a los que se enfrenta ACS para aumentar su control en Iberdrola continúan. La constructora, que posee un 19% del capital de la eléctrica, tendrá el doble de derechos de voto en Iberdrola (limitados hasta ahora al 10%), pero aún así necesitaría el apoyo de otros socios que ostenten el 30% de las acciones de la compañía, algo que los analistas ven muy complicado.
De hecho, en la última junta de accionistas de la eléctrica, que tuvo un quórum del 82,34% (récord histórico), sólo la empresa que preside Florentino Pérez votó en contra de las propuestas del consejo. Según aseguran los expertos, a la eléctrica le bastaría asegurarse una participación así en sus juntas de accionistas para evitar que ACS frustrara sus planes.
Iberdrola sacó adelante sin ningún tipo de dificultad todas las propuestas, incluso las más polémicas, como la de otorgar facultades al consejo para que determine las directrices del ejercicio en curso o la reducción del número de miembros del máximo órgano de gestión. Incluso, los accionistas dieron un amplio respaldo a la propuesta para autorizar al consejo a aumentar el capital hasta un máximo del 50%, es decir en 17.000 millones de euros.
La compañía cuenta con los apoyos de la BBK, que tiene casi un 7% del capital de la eléctrica, con los de Qatar Holding, que controla un 6,2% y los de Bancaja, con un 5,2% de participación. Pero además también ha encontrado aliados entre algunos fondos de inversión extranjeros.
Carceller y Abelló versus Del Rivero
Mientras, ayer el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid dio ayer la razón al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, en la pugna que mantiene con algunos de sus principales accionistas.
El auto, que se puede recurrir en los próximos cinco días, desestima la solicitud de medidas cautelares que habían reclamado el primer accionista, Demetrio Carceller (que con el grupo constructor canario Satocán controla un 15,7% del capital), y el vicepresidente de Sacyr Juan Abelló (9,6%) contra el nombramiento, aprobado por el consejo de administración y ratificado por la junta el pasado mayo, de dos consejeros dominicales en representación de Del Rivero, que tiene el 12,6% del capital, y del consejero delegado, Manuel Manrique (6,2%).
El juez argumenta que no hubo conflicto de intereses y que no se vulneraron los estatutos de la compañía.
