La subasta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se retrasará, como mínimo, hasta finales de año, muy lejos del plazo inicial que se había dado el Banco de España para adjudicar la entidad. Así al menos lo considera Manuel Navarro, secretario general del Sindicato Independiente de Caja Mediterráneo (Sicam), en unas declaraciones concedidas a EL BOLETÍN.
Navarro señala que el proceso se está estancando debido, en parte, a que “aún está pendiente el informe de viabilidad” que se le iba a realizar a la CAM, y no se sabe nada de las “auditorías externas”. En un primer momento se había manejado la primera quincena de septiembre para que se conociera el comprador de la CAM, pero este plazo ya se da por descartado, teniendo en cuenta además que el Banco de España tendrá en los próximos días que acometer la recapitalización del resto de grupos de cajas que no alcanzan el mínimo de solvencia requerido.
Tal y como ya publicó este diario, las dificultades de encontrar un comprador para la CAM también podría obligar al Banco de España a tener que trocear la entidad. La caja alicantina era antes de la reconversión del sector la cuarta caja de ahorros por tamaño del sector y ahora amenaza con convertirse en un hueso demasiado duro de roer para los hombres de Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
La entidad alicantina maneja activos por valor de 70.666 millones de euros, muy por encima de los 18.960 millones de Cajasur y de los 26.742 millones de CCM, las otras entidades que hasta el momento han sido intervenidas. Ayer mismo, los nuevos administradores comunicaron a la CNMV que se las cuentas semestrales se publicarán fuera de plazo. El secretario general de mayor sindicato de la CAM pide en ese sentido que la valoración y posterior subasta “se realice cuanto antes, porque se va deteriorando la imagen de la entidad”.
El último precedente es el de CajaSur. La entidad cordobesa fue intervenida por el Banco de España el 22 de mayo y apenas dos meses después, a mediados de julio, ya se había adjudicado a la vizcaína BBK. Por el momento, el supervisor guarda silencio sobre todo el proceso.
Manuel Navarro se muestra también muy crítico con la decisión del Banco de España de suspender la asamblea que debiera haber aprobado la amortización de las cuotas participativas a un precio de 4,77 euros cada título. “Es una barbaridad”, explica Navarro, por el “daño que se hace a la confianza de los clientes”. A su juicio, si al menos se hubiese mantenido convocada la asamblea, los nuevos gestores podrían haber informado de la marcha el futuro de la entidad.
El secretario general del sindicato se pregunta además por qué, si la suspensión de este pago era necesaria, los nuevos administradores de la CAM no tomaron esta decisión tan pronto como fueron nombrados en sus cargos.
