Cuando se cumple un mes y medio después de su toma de posesión, Francisco Álvarez Cascos ha perdido ya una de las principales batallas que había planteado, que no era otra que frenar la entrada de Cajastur en un nuevo grupo bancario que opere de un modo completamente independiente al Gobierno asturiano. Tras la creación de Liberbank en julio, el ejecutivo regional se encuentra prácticamente maniatado.
Cascos se mostró muy crítico desde antes de ser elegido con el proceso de integración de Cajastur con Caja Extremadura y Caja Cantabria (en el que en un primer momento se sumaba también la CAM), y una vez llegado al poder, intentó frenarlo. Sin embargo, llegó demasiado tarde, después de que la caja celebrase una asamblea extraordinaria a finales de junio. En caso de que Cajastur rompiese ahora el acuerdo debería pagar una indemnización millonaria a sus socios y quedaría a expensas del Banco de España, que podría decidir intervenirla si no cumpliese con el nuevo mínimo de solvencia.
La única alternativa que le queda ahora a Cascos para mantener cierto control sobre Cajastur es reconvertir a la caja presidida por Manuel Menéndez en una fundación, una fórmula que facilitaría su control público y con la que, según una carta que envió el propio Cascos a la directiva de Cajastur, “se aleja el riesgo cierto de operaciones especulativas de quienes puedan tener la tentación personal de malvender acciones de Effibank (hoy Liberbank) a un tercero a cambio de beneficios particulares”.
Según ha comentado a EL BOLETÍN un consejero de Cajastur que acudió a la asamblea del pasado 29 de junio, Foro Asturias (partido de Cascos) intentó que la entidad ya entonces se convirtiese en fundación, pero la propuesta fue rechazada por la mayoría de consejeros. Los mandatos de la asamblea son de seis años y se renuevan a mitades cada tres años, por lo que esa vía está casi cerrada para Foro Asturias al menos a medio plazo.
Los únicos medios por los que Cajastur puede convertirse en fundación son, según la actual ley de cajas asturiana, por su “renuncia a la autorización para actuar como entidad de crédito” o como “consecuencia de su intervención”. Liberbank necesita 519 millones de euros para cumplir con el nuevo mínimo de solvencia, pero incluso si acudiese a las ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) esta cantidad es insuficiente para que las cajas fundadoras perdiesen el control del banco.
La última modificación de la Ley asturiana de cajas se aprobó a finales del pasado año tras el pacto entre PP y PSOE, por lo que Foro Asturias tendría muy complicado encontrar apoyos parlamentarios suficientes para reformar esta norma. Actualmente controla 16 diputados, por los 15 del PSOE y los 10 del PP. IU está representada con cuatro diputados.
