La querella contra la familia Ruiz Mateos, que ya está admitida a trámite en la Audiencia Nacional, cuenta con un aumento que suma 250 afectados. Lejos quedaron ya los 63 inversores, asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, que inicialmente la presentaron. Tal ha sido el caso, que se han sumado otros despachos de abogados para representar a los clientes perjudicados. De este modo, se ha ampliado también la fianza, de 13 a 20 millones de euros, pues los afectados han aumentado sensiblemente.
La querella contra José María Ruiz-Mateos, su mujer María Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino por supuestos delitos de estafa, insolvencia punible, delito contra los consumidores y administración desleal, incluye también las empresas Inversiones Ruiz Mateos, Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles, Carcesa, Grupo Dhul y Clesa.
Según un informe que la Fiscalía Anticorrupción ha proporcionado a la Audiencia Nacional, se han identificado 1.017 inversores que suscribieron pagarés de empresas de Nueva Rumasa por 90.496.357 euros. Anticorrupción informaba también de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) asegura que «Nueva Rumasa podría alcanzar alrededor de 150 empresas, que funcionan bajo el principio de caja única y que actúan bajo una unidad de decisión atribuible a los varones Ruiz-Mateos».
La AEAT manifiesta que el grupo se reconoce por su «total opacidad, pues su titularidad formal corresponde a sociedades de paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperantes y otros territorios de riesgo, en total 27 sociedades en Belice, dos en Panamá, y cuatro en Holanda, cuyo representante «suele ser uno de sus testaferros habituales».
