La sombra de Banco de Valencia vuelve a proyectarse sobre José Luis Olivas, en pleno enfrentamiento con Rodrigo Rato. El presidente de Bancaja podría tener que sentarse en el banquillo tras la demanda presentada ayer por una asociación de pequeños accionistas por falsear las cuentas de la entidad intervenida.
La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), que representan alrededor del 1% de su capital, presentó ayer una querella contra los antiguos miembros del consejo de administración de la entidad, intervenida por el Banco de España en noviembre de 2011.
La querella cuenta con la adhesión de 137 accionistas pero el abogado de este colectivo, Diego Muñoz-Cobo, confía en alcanzar una representación de entre cuatro y cinco millones de acciones, lo que supondría el 2% del capital del banco.
La denuncia atribuye a los denunciados, entre los que se encuentran José Luis Olivas, en representación de Bancaja, Antonio Tirado, Domingo Parra, Celestino Aznar y Agnés Noguera, así como el representante de Deloitte, el delito de formulación de cuentas falsas con el tipo agravado por causar daños a multitud de personas y el de administración desleal.
En la querella se argumenta que el valor neto contable de la acción se fue reduciendo desde los 2,88 euros por acción que valía a 31 de diciembre de 2009 a los 2,66 euros a la misma fecha de 2010 y a los 0,75 euros a 31 de diciembre de 2011, y se considera que el agujero es “tan enorme” que es “imposible” que no lo supieran, según el abogado.
Banco de valencia fue intervenido por el Banco de España en noviembre del año pasado. El supervisor le inyectó 1.000 millones de euros de capital, y le concedió una línea de liquidez de otros 2.000 millones para que pudiese hacer frente a sus pagos.
La querella aporta nueva munición a Rato dentro de su enfrentamiento con Olivas. La relación entre ambos dentro de Bankia se enfrió precisamente a raíz de la intervención del Banco de Valencia, y ha derivado en las últimas semanas en unas hostilidades declaradas después de que el grupo que preside Rodrigo rato exigiese una auditoría externa de Bancaja.
El objetivo de BFA, matriz de Bankia, al solicitar la auditoria sería que la caja valenciana aclarase su valor real tras la intervención del Banco de Valencia y el negocio que realmente aporta a la fusión. Rato se refugia en que en el contrato de la fusión se habría incluido una cláusula por la cual si existe algún cambio en la valoración de algunos de los bienes aportados a la fusión se revisará la valoración mediante esta auditoría.
La sospecha de Caja Madrid y algunos de los otros socios es que Bancaja no aportó toda la verdad sobre su auténtica situación interna en el momento de la constitución del sistema institucional de protección (SIP), algo que parece confirmar la intervención de Banco de Valencia, del que Bancaja era máximo accionista con algo más de un 27% del capital.
Caja Madrid controla actualmente el 52% del BFA, por el 37% que controla Bancaja, mientras que el 11% restante se lo reparten entre las cinco cajas pequeñas que completaron el proceso (Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Rioja, Caja Insular de Canarias y Caixa Laietana).
