El presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo ha solicitado formalmente, junto a todo el grupo del PPdeG, que se habilite lo que queda de mes de agosto a efectos parlamentarios con el fin de que se pueda constituir la comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorro, una petición que enfría los rumores sobre un adelanto electoral en Galicia.
Si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, decide adelantar las elecciones gallegas, no habría tiempo material para que el Parlamento constituyera la comisión de investigación que debe esclarecer la gestión de las cajas de ahorros gallegas, unidas en la nacionalizada Novagalia, y las millonarias indemnizaciones percibidas por sus ex directivos.
Esta misma semana, Antonio Rodríguez Miranda, vicesecretario portavoz del Partido Popular, evitó dar una fecha para la creación de esta comisión, a pesar de las presiones de la oposición y de que el propio Feijóo se comprometió a que estuviese constituida a principios de septiembre. “El Partido Popular va a seguir con su línea de trabajo y va a cumplir sus compromisos con los gallegos, que es con quien tiene que cumplirlos”, aseguró Rodríguez Miranda.
En medio de este escenario habían surgido los cada vez más insistentes rumores de que Feijóo podría adelantar las elecciones gallegas a una fecha comprendida entre el 28 de octubre y la primera quincena de noviembre. Si se confirma, no habrá tiempo material para la comisión de investigación, al menos hasta que se constituya el nuevo Gobierno.
La fusión de Caixanova y Caixa Galicia fue un proyecto personal de Feijóo, que temía que la reestructuración del sector financiero dejase a ambas entidades en manos de otros grupos más grandes, y perdiesen así su ‘galleguidad’. La operación contó con las reticencias tanto del Banco de España, como de las propias entidades, ya que se producía un amplio solapamiento de redes, pero finalmente salió adelante in extremis.
La entidad resultante, Novacaixagalicia, fue nacionalizada el 30 de septiembre del año pasado, por lo que perdió el control del banco al que traspasó su negocio financiero y está abocada a convertirse en una fundación de carácter especial. En ese sentido, un eventual adelanto electoral tampoco permitirá aprobar el texto que refuerza el control de la Xunta sobre la fundación de la caja y su obra social.
El texto impulsado por el Ejecutivo gallego prevé que la fundación esté dirigida por un patronato de 12 miembros elegido a partes iguales por la Xunta (cuatro miembros), el Parlamento (otros cuatro) y las entidades fundadoras de las cajas, que elegirán los cuatro miembros restantes.
Con este esquema, el PP, actualmente en el Gobierno, se asegura los cuatro representantes de la Xunta, dos del Parlamento y otros dos de las entidades fundadores, lo que le da una mayoría holgada en el patronato. Es decir, ocho de los 12 miembros.
Frente a los actuales consejos de administración y asambleas, las fundaciones están dirigidas por un patronato, órgano al que corresponde “cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos”, según la propia definición que da el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Los patronatos están constituidos por un mínimo de tres miembros que elegirán entre ellos un presidente. También es indispensable el puesto de un secretario, que podrá ser ajeno al patronato, en cuyo caso tendrá voz pero no voto en las decisiones que se adopten.
