Economía

El juez sospecha que Díaz Ferrán no devolvió a Caja Madrid los créditos que le otorgó Blesa

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ha vertido sus dudas sobre la posibilidad de que el empresario Gerardo Díaz Ferrán haya devuelto los millonarios créditos que le otorgó Miguel Blesa cuando era presidente de Caja Madrid.

Al día de la fecha, el juez cree que las partes se han limitado a recurrir prácticamente cuantas resoluciones ha adoptado el Juzgado, sin aportar el menor justificante de pago de los créditos en cuestión, según han señalado fuentes judiciales a EL BOLETÍN.

Tal pago, de haberse producido como sostienen los imputados, hubiera sido acreditable con manifiesta facilidad por los mismos, considera el magistrado, que añade que las versiones de Blesa y Díaz Ferrán no son mínimamente verosímiles. En su versión, Díaz Ferrán viene a manifestar que no puede acreditar el debido pago de los créditos, sino que los abonó a Caja Madrid mediante la cesión de una supuesta empresa concesionaria de autobuses, supuestamente regida y bajo control de Pascual Arias.

Blesa declaró que los créditos de Caja Madrid se concedían con las debidas garantías, sin que hasta la fecha conste que estaban suficientemente garantizados, en opinión del juez Silva.

En ese sentido, el juez ha apreciado indicios de criminalidad en las relaciones crediticias entre Miguel Blesa cuando presidía Caja Madrid y el empresario Gerardo Díaz Ferrán mientras fue consejero y estaba al cargo del Grupo Marsans.

El magistrado añade que las versiones de los imputados, lejos de acomodarse a prácticas adecuadas en el ámbito de la gestión bancaria, inciden en la proyección de una imagen sumamente deteriorada de la llevanza del riesgo y la regencia de una entidad del relieve de Caja Madrid.

Asimismo, en su auto, y como consecuencia del informe de la Guardia Civil tras los registros de los servidores informáticos de Bankia y los correos electrónicos de Blesa que la entidad facilitó al magistrado a comienzos de febrero, el juez decreta el secreto de sumario durante un mes.

Y ello porque cree necesario mantener la confidencialidad de los datos al entender que si se conocieran actualmente se podría comprometer muy seriamente el fin de los actos de investigación que deben practicarse, dada la posibilidad de que tales correos contengan información financiera y de gestión bancaria de carácter muy significativamente relevante para el desarrollo de esta causa.

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