La resolución del ‘culebrón’, que dura ya más de dos años, de la fusión de Unicaja y Caja España-Duero, podría ser inminente. Todo parece indicar que la entidad malagueña ha dado por fin su visto bueno a la adquisición de la castellana, proyecto que cuenta asimismo con el beneplácito del Banco de España. La última palabra la tiene ahora la Comisión Europea, que podría tomar una decisión tan pronto como la próxima semana.
Según publica Malagahoy.es, la decisión de Bruselas podría conocerse tan pronto como la próxima semana, con fecha límite del 1 de marzo, ya que Caja España-Duero no será la única entidad que deberá recibir ayudas públicas y la intención del órgano dependiente del Banco de España es anunciar el proceso en su conjunto.
Unicaja y Ceiss, el banco de Caja España-Duero, llevaban negociando la fusión desde abril de 2011, pero el proceso se ha visto paralizado varias veces; la última, a finales del año pasado cuando el rescate de la entidad castellana aprobado por Bruselas, por valor de 604 millones de euros, dejó sin efecto el anterior principio de acuerdo.
Ahora, de cerrarse la adquisición, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) daría las ayudas en forma de bonos convertibles contingentes (CoCos), aunque no se espera que se alcance la cuantía de 604 millones, sino que Unicaja aporte algo. Tampoco se conoce el modo en que se llevará a cabo, aunque se da por hecho que la entidad malagueña que preside Braulio Medel se haga con el 100% de Ceiss.
Si finalmente Bruselas no da luz verde al proceso, Caja España-Duero será rescatado y posteriormente puesto en subasta, al igual que CatalunyaCaixa. Además, a cambio de esta ayuda, la Comisión Europea exigirá una reducción del balance de la entidad del 30%, así como el cierre de 260 oficinas y el recorte de 1.500 empleos en un plazo de dos años.
En su momento, la fusión de Caja España y Caja Duero, que recibió hace dos años 525 millones a través de un préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya vino acompañada de un expediente de regulación de empleo (ERE) de 846 trabajadores. Actualmente, la plantilla está conformada por unos 5.000 empleados.
