Los afectados por las participaciones preferentes de las entidades rescatadas mantienen sus protestas a lo largo y ancho de toda España después de que el informe de la Comisión de Seguimiento creada por el Gobierno sólo haya encontrado irregularidades en la venta de estos productos “en casos puntuales”.
Esta misma semana, un grupo de afectados por las preferentes de Bankia se han manifestado a las puertas de la Audiencia Nacional en Madrid, en coincidencia con las declaraciones como testigos de Emilio Botín, Francisco González e Isidro Fainé en la investigación que está llevando a cabo el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional sobre la salida a Bolsa de Bankia.
En Cantabria, la plataforma de vecinos de Castro Urdiales afectados por las participaciones preferentes ha acordado continuar sus protestas frente a las sucursales de Caja Cantabria y de Bankia en el municipio durante la próxima semana, protestas que culminarán el sábado con una concentración frente al ayuntamiento.
Ayer, medio centenar de afectados por las preferentes de Caja España-Duero se concentró ante la oficina central de la entidad en Valladolid para exigir una solución a su situación. En la misma línea, Adicae celebrará reuniones colectivas diarias en su sede de Valladolid, que se complementarán con una ronda de asambleas que pasará por municipios como Salamanca, el 28 de mayo, y Soria, el 30 de mayo.
Las movilizaciones de afectados se producen después de que el informe de la Comisión de seguimiento de las preferentes, conocido ayer a través de varios medios, concluye que, “salvo casos puntuales”, las entidades cumplieron con la normativa al informar a los clientes que les colocaban preferentes o deuda subordinada, al menos en lo que se desprende de los contratos que suscribían.
La comisión, presidida por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, también cuenta con representación del Banco de España, de la Secretaría General de Consumo, del Tesoro y del Consejo de Consumidores y Usuarios, así como las autoridades autonómicas de consumo.
