Más allá de las visitas de Miguel Blesa y López Abad a la cárcel, no son pocas las voces que comienzan a preguntarse si las numerosas imputaciones acabarán con los banqueros rindiendo cuentas ante la Justicia. Caixa Catalunya, con 54 exconsejeros y exdirectivos imputados, y Bankia, con 33, centran el mayor número de banqueros investigados por su labor al frente de las cajas de ahorros quebradas.
Hasta 150 exconsejeros y exdirectivos de las antiguas cajas de ahorros están siendo investigados por la Justicia tras una crisis en el sector que ha costado a las arcas públicas más de 75.000 millones de euros y ha llevado a casi 40.000 trabajadores a la calle. Sin embargo, ‘las cosas de palacio van despacio’, y más allá de las visitas de Miguel Blesa y López Abad a la cárcel, no son pocas las voces que comienzan a preguntarse si las numerosas imputaciones finalmente acabarán con los banqueros rindiendo cuentas ante la Justicia.
El último escándalo surgido, hasta el momento, y en el que más banqueros se han visto implicados es el de Caixa Catalunya, después de que el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona haya imputado a 54 exconsejeros y exdirectivos de la entidad catalana por subirse el sueldo en 2010, año en el que la entidad fue rescatada por primera vez.
Entre los imputados se encuentra Adolf Todó, que fuera entonces director general de la entidad y posteriormente asumiera la presidencia de CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona) hasta que este mismo año fuese despedido de su puesto. Sin embargo, el más llamativo de los denunciados es Narcís Serra, expresidente de Caixa Catalunya y con una dilatada experiencia política a sus espaldas, desde la alcaldía de Barcelona hasta la vicepresidencia del Gobierno con Felipe González. La petición de su imputación ha sorprendido en ciertos círculos económicos, no tanto porque Serra no ostentaba ningún poder ejecutivo en la entidad, sino porque contrasta con ciertas ausencias en la lista, entre ellas la de Josep María Loza, director general de la entidad durante más de 10 años.
Los antiguos gestores de CatalunyaCaixa son por el momento los últimos en ser cercados por la Justicia, una tardanza que también ha causado extrañeza teniendo en cuenta que la entidad ha recibido más de 12.000 millones de euros de ayudas públicas, un rescate sólo superado por el de Bankia, entidad de un tamaño considerablemente mayor.
La ya habitual lentitud de la Justicia española, exacerbada en este caso por los numerosos intereses políticos que confluyen en las cajas de ahorros, también se está haciendo patente en el caso de las entidades fundadoras de Bankia. La entidad acumula, tras CatalunyaCaixa, el mayor número de imputados, con hasta 33 consejeros de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros siendo investigados por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por UPyD por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados, el exdirector gerente del FMI y exministro de Economía Rodrigo Rato, el exministro de Interior Ángel Acebes, el presidente de la patronal empresarial madrileña Arturo Fernández, o el expresidente de Bancaja José Luis Olivas.
Olivas, a su vez, está siendo investigado dentro de las querellas presentadas por el FROB a varios directivos del Banco de Valencia por estafa, administración desleal y apropiación indebida, a la que se ha unido recientemente la falsedad contable.
También en la Comunidad valenciana, la Audiencia Nacional investiga la gestión de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Hasta 30 exconsejeros y directivos de la entidad desfilarán por el banquillo aunque el juez ha optado por formar piezas separadas con las distintas acusaciones. Se espera que a finales de año o principios de 2014 algunas de las instrucciones estén ya terminadas de cara a celebrar un juicio. El expresidente de la CAM Modesto Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad se encuentran entre los investigados a los que el juez Gómez Bermúdez ya ha embargado varios inmuebles y cuentas a fin de garantizar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento penal que se instruye en la Audiencia Nacional.
Este caso es uno de los más avanzados. Por el momento, tanto López Abad como el exdirector de Empresas de la CAM, Daniel Gil, ya han visitado la cárcel -que abandonaron tras abonar sus respectivas fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros- por defraudar presuntamente 31 millones de euros a través de un entramado de empresas hoteleras.
Otro de los casos que más ríos de tinta ha hecho correr por ahora es el del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ha visitado ya dos veces la cárcel dentro de la investigación por la concesión de unos créditos de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE y antiguo consejero de la entidad Gerardo Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank of Florida.
Sin embargo, por el momento ha sido el juez José Elpidio Silva el peor parado, ya que no sólo ha sido apartado del caso sino que se enfrenta a una querella de la Fiscalía por haber cometido presuntamente cuatro delitos durante la instrucción. Mientras tanto Blesa, que al salir de la cárcel pidió un “juez imparcial”, espera noticias.
Al igual que en Caixa Catlunya, las pensiones e indemnizaciones cobradas han llevado al banquillo a varios exdirectivos de Novacaixagalicia, después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiese una querella contra cinco exdirectivos por asignarse unas pensiones millonarias. Entre ellos se encuentran el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego y, procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes. Un caso similar es el de Caixa Penedés, uno de los más avanzados ya que el juez ha avisado de que hay indicios de delito y todo parece indicar que habrá juicio.
CCM, primera víctima de la crisis financiera, sigue cuatro años después bajo investigación de la Audiencia Nacional por la concesión de préstamos presuntamente irregulares. En este caso, la querella está presentada contra el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega.
Banca Cívica y la CAN son otras entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Por un lado, se ha admitido a trámite una denuncia contra el antiguo consejo por presunta falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad. Entre los consejeros investigados se encuentran Enrique Goñi, exdirector general de la CAN, y Antonio Pulido, expresidente de Cajasol. Al mismo tiempo se investigan también los cobros de dietas en CAN, habiendo imputado el juez a Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
