Los bancos españoles, confiados en superar sin demasiados apuros los test de estrés y la revisión de la calidad de los activos (AQR) previos al inicio de la supervisión única del Banco Central Europeo (BCE). En noviembre de 2014 el Banco Central Europeo (BCE) pasará a ser el supervisor de los principales bancos de la eurozona. Pero antes de la llegada de ese momento las entidades deberán someterse a unos nuevos test de estrés y a una revisión de la calidad de los activos (AQR por sus siglas en inglés), que realizarán la propia institución que preside Mario Draghi en colaboración con la EBA. A la espera de que se conozcan los términos exactos de estas dos pruebas, los bancos españoles parten con cierta ventaja frente a sus rivales, especialmente alemanes o franceses.
La banca española se muestra muy confiada en pasar con nota los test de estrés que realizará el próximo año el BCE a las principales entidades financieras del Viejo Continente, después de que ya superase el año pasado una prueba muy similar e incrementase exponencialmente sus provisiones tras las dos reformas financieras impulsadas por el ministro de Economía, Luís De Guindos.
La institución que preside Mario Draghi ha contratado además a Oliver Wyman para realizar esta prueba de resistencia, la misma consultora a la que el Gobierno español encomendó el año pasado una auditoría independiente del sistema bancario español. Así, según comentan algunos directivos ‘sotto voce’, sería muy extraño que hubiese alguna sorpresa que se le hubiese pasado por alto a Oliver Wyman en el anterior examen, más aún teniendo en cuenta que la consultora utilizará para estos test de estrés la tecnología que desarrolló en la valoración a la banca española.
No obstante, aún no se conocen los términos que tendrá en cuenta el BCE en este examen, por lo que nadie quiere lanzar las campanas al vuelo. La principal preocupación, el tratamiento que se de a la deuda pública española que puebla las carteras de los bancos.
Tampoco se conocen los términos exactos del AQR que realizará la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) previamente, aunque en este caso también existe cierta tranquilidad entre los bancos españoles habida cuenta de que la normativa española sobre la política de riesgos es una de las más estrictas.
Entre las principales claves de este informe, que estará listo para noviembre de 2014 con las cifras de las entidades a cierre de 2013, se encuentran los nuevos criterios para considerar un crédito moroso, que previsiblemente se ajustarán a los que utiliza actualmente el Banco de España.
De este modo, lo más probable es que se considere un crédito como moroso a partir de cualquier retraso en el pago de al menos 90 días, un criterio que se acercará mucho a los de la institución que dirige Luis María Linde. Los expertos esperan que el AQR no se enfoque tanto en los requisitos de capital (recursos propios, niveles de solvencia, etc.) como en la calidad de los activos (es decir, en identificar potenciales debilidades en la cartera crediticia), a diferencia de lo que ocurrió con los test de estrés de 2010, que tanta polémica despertaron.
Otro de los aspectos clave de la nueva supervisión del BCE se centrará en las exigencias de solvencia. La especulaciones del mercado apuntan a que se exija un core Tier 1 del 7%, más un 1% adicional a los bancos con riesgo sistémico, misma ratio que se pedirá también en los test de estrés. En ese sentido, los bancos españoles no se enfrentarán a ningún impacto, ya que actualmente presentan un CT1 medio del 9,5%.
En España no obstante esta ratio se alcanza si, tal y como está previsto, se aprueba la reforma fiscal de los DTAs antes de que acabe el año, que permitirá que estos activos sigan contabilizando en las ratios de capital. Estos activos fiscales diferidos, como se llaman en español, se generan cuando los bancos se anotan pérdidas o se ven obligados a realizar provisiones para cubrir riesgos de capitalización, como por ejemplo, las destinadas a cubrir el riesgo inmobiliario o el aumento de la morosidad, y que no son deducibles en el momento de realizarlas pero sí en un futuro.
El año pasado, a través de dos decretos ley, Guindos obligó a las entidades financieras españolas a elevar las provisiones sobre los activos inmobiliarios adjudicados y sobre los créditos concedidos a promotoras, tanto morosas como al corriente de pago, lo que llevó al sector a realizar unas provisiones adicionales de 84.000 millones de euros.
En total, se considera que los bancos tienen unos DTAs de unos 51.000 millones de euros y con la nueva normativa que prepara el Gobierno, se calcula que se salvarán para seguir contando como capital entre 28.000 y 30.000 millones.
Según los rumores del mercado, la solución pasaría por convertir en créditos fiscales los DTAs originados por provisiones de créditos y de adjudicados hasta 2012, cuando se cumplan determinados requisitos. Es decir, que entrarían las fuertes provisiones que el año pasado obligó a realizar Guindos a través de dos reformas financieras casi consecutivas que tenían como objetivo cubrir el riesgo del ladrillo.
Por el contrario, no se incluirían dentro de las nuevas ratios de capital las provisiones realizadas para cubrir las pensiones que han financiado las prejubilaciones, muy utilizadas por el sector para llevar a cabo el ajuste de plantilla producido desde que se inició la crisis.
