La irlandesa Emily O’Reilly ha insinuado que el expediente contra el fútbol español se ha retrasado cuatro años porque Almunia es socio del Athletic de Bilbao. La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, ha acusado este martes al vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, de posible conflicto de interés, al ser socio del Athletic de Bilbao, por retrasar hasta cuatro años el expediente contra el fútbol español por posibles ayudas públicas ilegales.
El dictamen de la Defensora del Pueblo responde a una queja de inversores en otros clubes de fútbol europeos, que alegaban que la falta de acción del Ejecutivo comunitario en este caso podría responder al hecho de que Almunia es socio del Athletic de Bilbao, uno de los equipos investigados, y formaba parte del Gobierno español que diseñó los incentivos fiscales cuestionados, según informan agencias.
«La Comisión no ha actuado frente a esta denuncia durante más de cuatro años. No se trata sólo de mala administración, sino que para los ciudadanos europeos puede parecer como un conflicto de interés teniendo en cuenta los fuertes vínculos del comisario con uno de los clubes en cuestión», ha resaltado O’Reilly en un comunicado.
«Confío en que la Comisión decidirá abrir una investigación mañana (por el miércoles) para investigar los hechos y disipar cualquier sospecha», ha dicho la Defensora del Pueblo de la UE. De hecho, tras hacer llegar su dictamen a Almunia este lunes, su gabinete confirmó a O’Reilly que el expediente contra el fútbol español se abrirá el miércoles.
Según los denunciantes, las ventajas fiscales en cuestión suponen «varios miles de millones de euros». Además, se quejan de que el Gobierno español concede estas ayudas incluso cuando ha pedido un rescate bancario a sus socios de la UE.
La Comisión normalmente tiene 12 meses para decidir sobre la apertura de una investigación. En este caso -denuncia la Defensora del Pueblo- han pasado cuatro años sin ninguna decisión. El Ejecutivo comunitario aceptó en septiembre de este año una solución amigable a la queja, pero desde entonces no ha actuado ni ha dado razones para no hacerlo.
El Ejecutivo comunitario tiene previsto abrir este miércoles a siete clubes de fútbol españoles –Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche– para investigar presuntas ayudas ilegales, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo.
