La CAM, a instancias del FROB, pide seis años de cárcel y una multa de 146.000 euros para el exdirector general Roberto López Abad. Fundación CAM, que inició la querella a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha presentado un escrito para la apertura de un juicio oral contra el exdirector general de la caja alicantina, Roberto López Abad, y el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, a los que acusa de repartir dietas irregulares y financiar negocios inmobiliarios en contra del interés de la entidad.
En concreto, según publica Expansión, que cita el escrito de acusación de Carlos Gómez-Jara, abogado designado por el FROB para la caja, la CAM pide seis años de cárcel y una multa de 146.000 euros para López Abad; y diez años de prisión, 146.000 euros de multa y una indemnización de casi cinco millones a Avilés, que iría a parar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Al primero le atribuye el delito de apropiación indebida y al expresidente de la Comisión le suma un delito de contrato simulado en perjuicio de CAM, entidad intervenida por el Banco de España en julio de 2011.
Junto a López Abad y Avilés, la CAM también pide que se abra juicio oral contra 4 familiares de Avilés y 20 exconsejeros de CAM, para que devuelvan a la Fundación dietas cobradas indebidamente valoradas en 561.000 euros.
Según el escrito de la acusación que recoge este diario, López Abad creó en 2005 una Comisión deControl en la sociedad que gestionaba los activos inmobiliarios de la caja, TIP, con un doble objetivo: asignar unas dietas a personas afines a él; y usarla para aprobar operaciones que beneficiaban a su entorno.
La Fundación CAM cree que López Abad y Avilés cometieron un delito de apropiación indebida y solicita que devuelvan entre los dos los 308.000 euros cobrados en laComisión por su expresidente, y 561.000 euros el resto de miembros del órgano.
Por otro lado, Avilés habría recibido en 2008 créditos de la CAM por valor de 16 millones para una sociedad inmobiliaria, La Vereda de Sucina, cuando él era el encargado de “evitar que se concediesen préstamos como aquellos de los que él mismo se acabaría beneficiando”.
Posteriormente, en 2010, el crédito entró en subestándar y Avilés vendió la sociedad a su hermana, para evitar tener que dejar su cargo en la CAM, que refinanció la deuda a La Vereda “en condiciones muy favorables”, según el escrito. Todas estas operaciones habrían sido aprobadas por la Comisión de Control, sin que Avilés informase “sobre el conflicto de interés”, pudiendo haber creado un agujero de cinco millones de euros.
