La Generalitat amenaza además con bloquear el acceso a la web en Cataluña si no se eliminan de la oferta los pisos que no están inscritos en el Registro de Turismo. La campaña de los anfitriones de la plataforma de alquiler de pisos y habitaciones con fines turísticos Airbnb para pedir una regularización de su modelo de negocio parece no dar sus frutos. En respuesta a la manifestación de los usuarios de este servicio en Barcelona el pasado jueves, el Gobierno catalán ha impuesto una multa de 30.000 euros a la plataforma.
El departamento de Empresa y Empleo ha detectado, durante una inspección a la empresa estadounidense, que la compañía ejerce de intermediaria entre turistas y propietarios de viviendas que no están inscritas en el Registro de Turismo de Catalunya, según informa el diario El País.
El Ejecutivo catalán considera que la infracción de Airbnb es grave, ya que su actividad supone una competencia desleal con el resto del sector turístico. Por este motivo, además de la sanción de 30.000 euros ha amenazado a la plataforma con bloquear la web en Cataluña en el caso de que no se retiren de la oferta las viviendas que no cumplen con la normativa.
La multa a Airbnb llega además unas semanas después de que la Generalitat exigiera a Uber, la aplicación para facilitar el transporte entre particulares que ha despertado las quejas de los taxistas, que cesara su actividad en Barcelona, la única ciudad española en la que, de momento, opera este servicio. En este caso, también advirtió que castigaría a los viajeros con multas de hasta 6.000 euros, conforme a lo establecido en la normativa.
Airbnb fundada en 2008 en EEUU por el emprendedor Brian Chesky, también tiene su ‘base de operaciones’ en España en la Ciudad Condal. Como apunta Efe, el pasado mes de abril, anunció la puesta en marcha de un mercado de viviendas específico para Barcelona, así como la apertura de una web en catalán.
La noticia intensificó las quejas de los hoteleros y propietarios de pisos turísticos de la localidad, que buscan su prohibición, acusando a la plataforma de competencia desleal. Las administraciones públicas comprometieron a estudiar cada caso y ya han llegado las primeras consecuencias.
Por su parte, los arrendadores de Airbnb de Barcelona han iniciado también una campaña en Change.org para solicitar “una normativa justa para compartir sus hogares”.
