Dice prnoticias.com que Intereconomía y 13 TV, la cadena de la que la Conferencia Episcopal es el socio mayoritario, “están explorando puntos de encuentro con el objetivo de buscar sinergias que recorten costes dentro de dos empresas que no lo están pasando bien con la crisis económica”, ya que “la caída de la publicidad ha afectado de manera muy dura a todo el sector de la televisión con una caída de entorno al 20% durante los dos primeros meses del año” un recorte que “se hace más duro en las cadenas pequeñas e independientes”.
Según recuerda este digital especializado en medios de comunicación, Intereconomía “ha acumulado pérdidas de 16 millones de euros en tres años sin incluir 2011, por lo que está buscando desesperadamente, un socio capitalista” que no llega, y que 13 TV, la cadena de los obispos, “debe hacer frente a un alquiler mensual de seis millones de euros por la señal que utiliza perteneciente a Unidad Editorial”. Por ello, “el objetivo de ambas es recortar costes y de momento todas las opciones están sobre la mesa: desde una sinergia, que sería lo más urgente, hasta una fusión que incluso podría materializarse antes del verano dependiendo de la evolución de los ingresos por publicidad”, según el diario online que dirige Pedro Aparicio.
Continuamos leyendo sobre ‘dineros’ pero más concretamente sobre fianzas judiciales y no de un imputado cualquiera, ya que según elconfidencial.com “el juez Castro reclamará a Urdangarin más de dos millones de euros de fianza civil”.
Explica el digital que esos más de dos millones de deudos es la cantidad que el yerno del Rey deberá depositar en el juzgado “para garantizar la devolución de los fondos que el Instituto Nóos captó de diversas administraciones públicas y luego fueron presuntamente desviados a un entramado de empresas controlado por el duque de Palma y su antiguo socio, Diego Torres”.
El diario online cita fuentes jurídicas para adelantar que “el juez José Castro, instructor del caso Urdangarin, abrirá en las próximas semanas una pieza de responsabilidad civil para fijar la fianza a abonar por el yerno del Rey” y explica que “Castro está a la espera de un informe encargado a la Agencia Tributaria para conocer qué parte de los fondos recaudados por el Instituto Nóos en la Comunidad Valenciana no ha sido justificada”.
