Voces que van desde el Partido de los Trabajadores brasileño y sus antiguos aliados en los Gobiernos de la región hasta el Ayuntamiento de Barcelona se inclinan por esta tesis. El ‘impeachment’ o proceso de destitución de la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, a manos del Senado de su país ha estado caracterizado por la polémica al ser definida desde diversos ámbitos como ‘golpista’. Una caracterización que ha excedido con mucho el ámbito de debate propio del país carioca.
Incluso al del propio continente americano, en el que la medida ha recibido la condena unánime de quienes estuvieron al frente de los Gobiernos que, englobados bajo la etiqueta de ‘populistas’, dominaban la región hasta el último ciclo electoral. Así, sin necesidad de irnos muy lejos, el propio Ayuntamiento de Barcelona transmitió este viernes al cónsul de Brasil en la ciudad condal su preocupación por lo que efectivamente definía en la misiva como «un golpe parlamentario».
El consistorio barcelones se ha abonado así a la tesis de que el voto de 61 senadores ha servido para doblegar la voluntad de 54 millones de brasileños en «un proceso de discutida y dudosa legalidad».
Hoy hemos transmitido al cónsul de Brasil en BCN nuestra preocupación por el «golpe parlamentario» contra https://twitter.com/DilmaBr_«>@DilmaBr_ https://t.co/Ge5T719rkQ«>pic.twitter.com/Ge5T719rkQ
— Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) https://twitter.com/G_Pisarello/status/771763152862212097«>September 2, 2016
Una tesis que es la que también ha venido apoyando desde el inicio del proceso Glenn Greenwald quien pese a existir argumentos que sí consideran que las prácticas fiscales del Gobierno de Rousseff llegarían a la categoría de ‘crimen de responsabilidad’; esta no haya sido la línea seguida por la mayoría de defensores del ‘impeachment’. Así, al igual que la réplica a Carvalho del profesor de política económica internacional en la Universidad de Brasilia, Carlos Pio, desde las páginas del New York Times se centraba en la supuesta necesidad que, a su juicio, tendría Brasil de reformas estructurales y de políticas ‘market-friendly’, la clase política brasileña ha recurrido a argumentos de oportunidad política.
Y ello en el mejor de los casos ya que, como se ha señalado repetidamente, el inicio del proceso en el Congreso se caracterizó por que una gran mayoría de los diputados brasileños que votó a favor de apartar a Dilma lo hiciese “por Dios y por la familia” o para acabar «con la corrupcion y el robo». O por casos como el del diputado del Partido Social Cristiano Jair Bolsonaro, quien entre sus razones para votar a favor de la destitución dedicó su intervención a los a «los militares del 64» que lideraron el golpe de Estado y al Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, jefe de uno de los centros donde se realizaron torturas, de las que, como es sabido, la propia Rousseff fue víctima.
Así las cosas, Rousseff anunció que pediría al Tribunal Federal Supremo la anulación del fallo del Senado y, efectivamente; la apelación, presentada por su abogado, el ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, ya ha solicitado «la suspensión de inmediato de los efectos de la decisión del Senado Federal». Y es que, además, la defensa de la ya expresidenta ahora alega que los cargos formulados contra ella están basados en dos artículos de la Ley de 1950 que, a su juicio, no serían compatibles con la Constitución de 1988.
