El presidente de EEUU, Barack Obama, tendrá que enfrentarse, más pronto que tarde, a un problema que algunos expertos ya enuncian: la quiebra técnica de los fondos de pensiones de los estados de la Unión. Según algunos cálculos, estos fondos acumulan un déficit de tres billones de dólares que les impediría cumplir a medio plazo con las obligaciones contraídas con sus partícipes. El desfase es una cantidad equivalente a multiplicar por tres el PIB español de un año.
El problema es evidente, y grave. A los fondos de pensiones estatales de EEUU, que según las previsiones deberían tener actualmente 17,5 billones de dólares gracias a las inversiones realizadas, les faltan tres. La explicación no es difícil de encontrar: cuando los fondos realizaron sus inversiones estimaron, según afirma George Will, columnista del rotativo The Washington Post, que sus beneficios por inversión serían del 8% anual.
Esto supondría que de cada 100 dólares invertidos, al cabo de una década el fondo en cuestión recogería 180 dólares, para poder costear gastos y pagar el dividendo prometido a sus socios. Sin embargo, esta ecuación se ha visto traicionada por ejemplos como el que nos deja el índice bursátil S&P 500, que según un informe al que tuvo acceso EL BOLETÍN realizado por los analistas del Royal Bank of Scotland (RBS) habría perdido un 8,1% de su valor en los últimos diez años. Un porcentaje que no es extraño si tenemos en cuenta que el parqué neoyorquino vivió su peor año en 2008, cuando perdió un 38,49% de su valor respecto a 2007.
En cualquier caso, los cálculos de las gestoras no han sido extremadamente especulativos, a pesar de lo que puedan insinuar las circunstancias. Esperar un 8% de retribución anual del, por ejemplo, S&P 500, era de hecho un cálculo conservador, teniendo en cuenta que la media de revalorización anual desde el año 1971 del índice era del 13,65%.
En conclusión: que los fondos de pensiones estatales, que cubren a millones de estadounidenses en activo o ya disfrutando de su jubilación, se encuentran en un estado de quiebra técnica.
Quizás los que atraviesen una situación más difícil sean los californianos. Según afirma Will en uno de sus artículos, “no es nada nuevo el hecho de que California es la propia Grecia estadounidense, pero la situación de sus tres grandes fondos, que dan cobertura a 2,6 millones de personas de empleados activos y jubilados, va a incrementar el decrecimiento de la región mientras fuerza a las autoridades locales a afrontar subidas significativas de los impuestos”.
Los expertos financieros, además de advertir de la situación, han realizado duras críticas a la clase política, al afirmar que ésta se desentiende por completo de una situación que antes o después, dicen, habrá que afrontar. Y los escasos responsables políticos que estudian el asunto, no se ponen de acuerdo en una solución. En un debate acontecido recientemente en el programa Fox News Sunday, el pueblo estadounidense pudo observar las diferencias existentes entre Marco Rubio, el actual representante de Florida en el Congreso de EEUU y el gobernador Charles Christ, que compiten por la nominación republicana al Senado del país.
Una de las soluciones pasa por cobrar un impuesto a toda la población de una región y que el Estado en cuestión se haga cargo de la gestión pertinente. Una opción que probablemente no alcance ninguna notoriedad al encontrarse EEUU en año electoral. Otras propuestas hablan de retrasar la edad a la que poder retirar el dinero del fondo, que actualmente se encuentra en los 62 años y, en casos excepcionales, puede llegar a bajar a los 55 años.
En el apartado de las finanzas, California es considerado un Estado con problemas. De hecho, varios expertos y analistas se refieren a esta región como “la Grecia que EEUU ha construido en casa”. Los problemas de sus fondos de pensiones son sólo uno de los problemas que encaran los republicanos -de carácter moderado- que gobiernan el lugar. En todo caso, el fondo más importante del Estado, y uno de los más grandes del país, es Calpers. Y ya ha solicitado en una ocasión ayuda estatal para evitar una quiebra que llevaría a decenas de miles de funcionarios públicos a la ruina.
