Los bancos comienzan a ver en su posible implicación voluntaria a las finanzas griegas una moneda de cambio para que la clase política, presionada por las protestas ciudadanas, no siga adelante con las reformas del sistema financiero global que quiere llevar a cabo y así poder estas entidades mantener sus históricos privilegios.
Con la excusa de que son ellos los que van a evitar la quiebra helena (aunque algunos expertos apuntan a que lo único que van a evitar es registrar cuantiosas pérdidas en sus propios libros de contabilidad debido a la exposición que ya mantienen al país mediterráneo) ahora los bancos intentan evitar que las restricciones impuestas en las conversaciones de Basilea III lleguen a buen puerto.
Un ejemplo se puede encontrar en una de las últimas medidas que estudia el G-20 por iniciativa de Francia, y que no es otra que la de imponer una regulación global en los apoyos financieros a las exportaciones y el comercio mundial para así tratar de frenar las diferencias cada vez más amplias entre la banca de los países emergentes y las instituciones financieras de los países desarrollados, que se encuentran en decadencia.
Mientras tanto, el consejero alemán del Banco Central Europeo (BCE), Juergen Stark, ha advertido de que la involucración voluntaria de los tenedores de deuda privados en Grecia (entre los que se encuentran en una gran proporción los bancos franceses y alemanes) puede conllevar acciones por parte de las agencias de rating, que podrían ver este movimiento si bien no como una quiebra, sí como una reestructuración suave de la deuda.
Por las palabras de Stark se traduce que las calificadoras estudian anunciar una ola de recortes que también afectaría a estos bancos. Otro argumento que los directivos de las entidades han utilizado a su favor para lograr paralizar algunas de las normas barajadas en Basilea III.
