Las compañías de seguros británicas tendrán que hacer frente a unos 227,6 millones de euros (200 millones de libras esterlinas) a consecuencia de los destrozos ocasionados en múltiples viviendas y negocios de ciudades industriales de todo el país. La Asociación de Aseguradoras Británicas (ABI, por sus siglas en inglés) espera poder absorber con holgura este importe y estudia reclamar daños a la policía de su país.
Aunque es demasiado pronto para hacer balance de los costes ocasionados por las revueltas que mantienen en vilo al Reino Unido desde el pasado jueves, las últimas cifras de las aseguradoras han llegado a duplicar las previsiones iniciales, ya que muchos comerciantes tienen contratados seguros que cubren también el cierre de los negocios por causas extraordinarias.
Mientras autoridades y compañías hacen sus cálculos, los inversores no han tardado en reaccionar y la cotización de las principales corredurías de seguros de la ‘City’ londinense ahondan en pérdidas. Legal & General se ha quedado como la más perjudicada de su sector. Poco antes del cierre de hoy, la cotizada había acumulado unas pérdidas del 10,81% con respecto al cierre del viernes, es decir en sólo tres sesiones negociadas desde que se prendió la mecha del caos en los suburbios londinenses.
En Prudential las pérdidas alcanzan el 8,61% y en Old Mutual, el 7,84%. En Aviva, la aseguradora más internacionalizada del selectivo FTSE 100, el retroceso en el precio de sus acciones sólo llega al 4,05%. Desde los 345,5 peniques que costaba cada una de sus acciones el viernes, hasta los 331,5 de poco antes del cierre de hoy.
El desplome de las aseguradoras, junto con las incertidumbres y rumores que golpean en las últimas sesiones las finanzas del Viejo Continente, han hecho que el selectivo de referencia de Londres haya perdido un 4,5% desde que comenzaron las revueltas.
Quienes no han participado esta vez en el derribo bursátil de las cotizadas han sido las agencias de calificación. Por el momento no se han pronunciado sobre las consecuencias económicas de estos sucesos e incluso Fitch Ratings se ha inclinado por no recortar, al menos en el corto plazo, la nota de las grandes aseguradoras británicas.
A esta posición ha ayudado una ley británica de 1886 a la que los aseguradores esperan poder acogerse. Esta norma regula que cuando los daños ocasionados a personas, viviendas o negocios se deban a desórdenes públicos que la policía no haya podido controlar es ésta la que debe hacerse cargo de parte de las compensaciones de los seguros.
Una situación que, si bien beneficia a las aseguradoras, podría perjudicar a las arcas públicas británicas, ya que el desembolso pasaría a los bolsillos de los contribuyentes, ya muy afectados por los últimos recortes económicos introducidos por el gabinete de David Cameron para reducir el déficit público.
