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El Ayuntamiento de Castellón, del PP, investiga los contratos con el clan Gürtel

El Ayuntamiento de Castellón, regido por uno de los ‘nuevos hombres’ de Francisco Camps en el PP valenciano, Alberto Fabra, ha aceptado una moción presentada por los socialistas de la provincia para investigar los contratos que este consistorio firmó con las empresas del ‘caso Gürtel’. Tres de las cinco empresas que aparecen vinculadas a esta trama serán analizadas, con total libertad, por una comisión que presidirá el concejal de Bloc, Enric Nomdedéu.

Tres de las cinco empresas que engloban los 26 folios de la querella presentada ayer por los socialistas valencianos como son Lubasa, Piaf y Facsa, contra Francisco Camps y Ricardo Costa, entre otros, por presunta financiación ilegal, tendrán que pasar también el control del Ayuntamiento de Castellón. El, desde hace casi 15 días y por orden de Camps, nuevo coordinador general del PP valenciano, Alberto Fabra, verá como su consistorio será el primero en poner la lupa sobre estos negocios.

Ningún temor parece tener el alcalde de Castellón cuando no sólo ha aceptado esta investigación, sino que ha puesto al frente de la comisión encargada de estos trabajos a un representante de la oposición. El concejal del Bloc Enric Nomdedéu será el presidente mientras que su número dos o vicepresidente en esta comisión será el concejal del PP Juan José Pérez Macián.

Para no evitar que este nombramiento sólo sea una imagen de cara a la galería, el representante de Bloc ha puesto sus exigencias a Fabra. Entre las condicione se incluye la elaboración de un reglamento que todos los grupos suscriban, el acceso libre a toda la documentación que se solicite o la ausencia de declaraciones durante el tiempo que dure la investigación. Sorprende que el ‘nuevo hombre’ de Camps dé libertad absoluta al concejal de la oposición para indagar en los negocios de estas empresas, presuntamente, vinculadas a Francisco Correa y a ‘El Bigotes’.

El currículum de negocios dudosos o irregulares que ha llevado al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a tener procesos abiertos en los juzgados puede ser el objetivo que se esconda detrás de esta comisión.

Según han asegurado observadores políticos a EL BOLETIN, los “tejemanejes de Fabra (Carlos) en la provincia con proyectos urbanísticos son conocidos por todos”. Así, señalan estas fuentes, la investigación a tres empresas ‘nacidas’ en Castellón y que han desarrollado casi todo su trabajo aquí hace pensar que el nombre o las siglas de Carlos Fabra pueden aparecer vinculadas a alguna que otra adjudicación o concesión no del todo transparente. Afirmación que dependerá de la investigación.

Una de las empresas que se van a investigar va a ser Lubasa. Esta empresa no se ha caracterizado por pasar desapercibida, ya que el 2 de noviembre de 2007 su nombre apareció en el BOE junto a la prohibición a las Administraciones contratar con la filial de Lubasa, Luis Batalla SA, o con su presidente, Luis Batalla, por el periodo de tres años por fraude fiscal continuado en las declaraciones del IVA del propio Batalla por más de dos millones de euros. Uno de sus socios se vio también salpicado poco después en falsificación mercantil.

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