La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha restado importancia a la imputación del secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, por un supuesto delito de prevaricación en la concesión de dos ayudas con importes de 60.000 y 18.000 euros a la Fundación Alternativas de la que es patrono.
En la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, De la Vega, ha mostrado su respeto al procedimiento que se inicia ahora y que llevará al socialista a los juzgados el próximo 4 de diciembre. “Confiamos en que todo esto se aclare rápidamente, muy pronto” ha asegurado junto al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha guardado silencio.
Estos hechos fueron denunciados a principio de semana por el Centro Jurídico Tomás Moro ya que, según un comunicado, la concesión de estas ayudas supone un claro conflicto con las normas del Código de Buen Gobierno, aprobado en 2005.
Esta organización, que responde a lema ‘Cristianizando el Derecho, Cristianizando la Sociedad’ ha ido más lejos y ha pedido a López Garrido que dimita de su puesto, ya que España ostentará el año que viene la presidencia del Viejo Continente y su posible delito lo empañaría.
Esta iniciativa no es la única que ha protagonizado el Centro Jurídico Tomás Moro, ya que las clínicas abortistas han recibido querellas en su nombre así como el actor Leo Bassi. Igualmente, esta organización ha participado en la organización de la manifestación contra el aborto.
