La asociación califica los centros como “espacios de negación del Estado de Derecho” y propone que se sustituyan por una red de pisos tutelados. Jueces por la Democracia (JpD) considera que el debate sobre la acogida a los refugiados engarza con otra exigencia de la ciudadanía respecto a los derechos humanos y el trato migratorio: la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y sus alternativas. “En los CIE se encuentran privadas de libertad, sin haber cometido delito alguno, personas en situación administrativa irregular según la Ley de Extranjería, incluidas las solicitantes de asilo o protección que no han sido identificadas a su llegada”, denuncia la asociación de jueces.
La ley establece que estos centros solo deben limitar la libertad ambulatoria de los internos, y ningún otro derecho, por ser establecimientos públicos de carácter no penitenciario. Sin embargo, “la realidad es que las personas internas se ven privadas de muchos más derechos y libertades: la protección de su salud física y mental, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, a la información comprensible sobre su situación, a la intimidad, o a la privacidad de las comunicaciones”, considera JpD.
Los hechos denunciados han sido reclamados por muchas otras organizaciones y colectivos. En esta ocasión son los jueces los que denuncian que los CIEs incumplen su propio reglamento: al carecer de “servicio de orientación jurídica, servicios sociales, personal médico de la Administración, intérpretes, gestión civil del centro; y se incumplen resoluciones judiciales cuando se llama a las personas por un número, se les priva de sus teléfonos, incluso de papel y bolígrafo, o son expulsadas de modo sorpresivo”.
Según señalan, el principal escollo para buscar alternativas es el desconocimiento de la opinión pública sobre estas instituciones, que califican de “espacios de negación del Estado de Derecho”. Ese desconocimiento “guarda relación directa con el hecho de que los poderes públicos han mantenido un discurso deshumanizador de las personas inmigrantes, han transmitido que eran una amenaza, han desarrollado políticas basadas en la seguridad y el miedo”.
“Una democracia avanzada no puede soportar estas anomalías sin plantearse alternativas más respetuosas con los derechos fundamentales”, sostiene la plataforma, que propone un plan para el cierre progresivo de los CIE y la implementación de “otras medidas cautelares que no supongan el internamiento y que mantengan la libertad de la persona afectada”. Entre esas medidas, una red de pisos tutelados con las suficientes garantías de localización, con una persona asignada, con retención de pasaporte en dependencias policiales, con presentaciones periódicas, etc. “Todo ello sin someter a migrantes que ya han sufrido todo tipo de adversidades a un mayor desarraigo y a las privaciones derivadas de la reclusión en los CIE”, recuerdan los jueces, que se unen así a plataformas que persiguen, de manera activa, el cierre de estos centros, principalmente en Madrid y Valencia.
