Los ecologistas advierten que 40 camiones con residuos radiactivos pasarán anualmente por seis regiones y recuerda que tales localidades no han sido consultadas. Greenpeace ha presentado su informe “El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios”, que traza las rutas que seguirán los residuos nucleares de camino al Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).
La organización ecologista solicitó, tanto en el periodo de consultas previas, como en el periodo de participación pública del Estudio de Impacto Ambiental, que se incluyeran a todos lo municipios afectados, “pero esta petición no fue atendida por el el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”, sostiene la ONG. La plataforma ecologista quiere que los municipios por cuyos términos municipales pasarán los residuos, que no están participando en la toma de decisiones del proyecto, pidan una moratoria al proyecto de ATC.
“La experiencia en otros países como EEUU y Reino Unido demuestra que los accidentes ocurren, pese a las medidas de seguridad”, defiende el informe de Greenpeace, que calcula en más de seis millones los habitantes de los municipios por los que habrán de pasar los camiones. Recuerda que entre 1971 y 1996 en EEUU se produjeron 58 accidentes durante el transporte de residuos radiactivos, y en Reino Unido un total de 786 incidentes desde 1958. Greenpeace ha señalado que es casi imposible la prevención de un sistema de evacuación, refugio y descontaminación en caso de accidente para la población que vive a lo largo de dichas rutas.
Por otro lado, Greenpeace considera que el proyecto supondría un despilfarro económico, ya que costaría 1.000 millones de euros, que asumiría Enresa, frente a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada almacén individualizado creado en cada central, “los cuales además ya están construidos o en proyecto en ocho de los nueve reactores nucleares”. Además, del coste de cada Almacén Temporal Individualizado (ATI) se encargaría cada central.
La organización, junto con la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y Ecologistas en Acción, solicita al Gobierno de España la paralización inmediata de este proyecto. Una moratoria que implique la paralización de los permisos, autorizaciones y licencias hasta que se actualice el Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos, se concluyan todas las evaluaciones de peticiones de información técnica y estas decisiones se sometan a un proceso de participación pública para escoger la alternativa socialmente más apoyada.
