Energía

España, denunciada en Bruselas por los 3.600 millones ‘perdonados’ a las eléctricas

Torres eléctricas

La plataforma Nuevo Modelo Energético busca resarcir a los usuarios por los cobros del sector eléctrico como “compensación” por los posibles perjuicios de la liberalización. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético eleva hoy a Bruselas su demanda contra el sector eléctrico español. Pedirá a la Comisión Europea que declare ilegal el exceso de compensación a las eléctricas mediante los Costes de Transición a la Competencia (CTC), que el colectivo cifra ahora en 3.600 millones de euros.

El sistema de costes de transferencia a la competencia fue puesto en marcha por el gobierno de Aznar en 1997 para compensar a las empresas por los posibles perjuicios derivados de la liberalización del sector, de manera que se les garantizaba un determinado precio mínimo por su producción. La causa ya estaba en manos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, pero se archivó el caso al no encontrar indicios de delito penal en el cobro de 3.400 millones de euros por parte de las empresas del sector.

El pasado año, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazaba la querella interpuesta contra los exministros Elena Salgado y Miguel Sebastián y Endesa por esta transferencia monetaria a las eléctricas. La Fiscalía encontró que los hechos “no son constitutivos” de delito, por no concurrir los presupuestos exigidos por la jurisprudencia.

La plataforma cifra ahora el coste de esas transferencias en una cantidad superior, 3.600 millones de euros hasta junio de 2006, “a los que hay que sumar los ‘beneficios caídos del cielo’ desde entonces hasta la fecha”, sostiene la plataforma. La denuncia se hará pública para fomentar la adhesión tanto de personas a título individual como de otros colectivos.

Hace apenas unos días, la misma asociación presentaba su informe conjunto con el Observatorio de la Deuda en la Globalización, para denunciar que las eléctricas podrían haber percibido hasta 103.000 millones de euros en pagos ilegítimos. Es decir, cobros que no tienen correspondencia con los intereses de la población desde que el sector eléctrico español fue liberalizado.

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