El ministro de Exteriores plantea la posibilidad para demostrar a las autoridades regionales que “nada es gratis” ya que gastan “porque no tienen la obligación de recaudar”. En pleno desafío catalán, José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha abierto la puerta a plantear un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas donde entre la posibilidad de “ceder impuestos” a estas regiones. A pesar de poder negociar este sistema, el popular ha afirmado con contundencia que si se quiere mejorar el resto de servicios “que no son esenciales”, las comunidades autónomas deben hacerse cargo. Una línea de diálogo que no contempla una reforma constitucional al no ser “el momento de hablar”.
Una de cal y otra de arena de un ministro de Exteriores que en el encuentro Deusto Business Alumni en Bilbao ha recordado que el modelo de financiación que él propio defiende es aquel en el que el Estado “recauda impuestos para atender sus propias funciones y pagar los servicios esenciales” en el nivel en que todos los ciudadanos “nos pongamos en condiciones de igualdad”. Unos servicios por analizar, según Margallo, ya que ve preciso “definir los servicios que consideramos esenciales y cuáles no”.
Ahondando en los impuestos que se podrían ceder a las comunidades autónomas, Margallo ha respaldado que tiene que existir “la Hacienda central tiene que recaudar aquellos que afectan al mercado interior, aquellos en que la diversidad puede crear distorsiones en el mercado, que son los armonizados, el impuesto sobre renta, el que grava el ahorro y los rendimientos empresariales, sociedades, IVA y, probablemente, impuestos sobre el petróleo”. El resto, ha añadido, “se podrían ceder a las comunidades autónomas, sobre todo los precios impositivos, que son los que mejor ilustran la idea de que nada es gratis”.
Y para ello, el político ha puesto un ejemplo de precio impositivo: “Si usted quiere tener las autopistas iluminadas, pone usted un peaje que pagan sus beneficiarios; si usted quiere tener 18 televisiones autonomías, pone un canon que pagan sus beneficiarios”, ha sentenciado.
Asimismo, ha apostado por ir a “una delimitación de competencias claras, exclusivas y compartidas” y a un sistema de financiación “nuevo en paralelo” que no incentive el aumento del gasto público, porque, según ha acusado, “en los sistemas comunes, no en los forales, las autoridades autonómicas tienen la tentación de gastar sin límite porque no tienen la obligación de recaudar”.
