El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha asegurado a EL BOLETIN que el Gobierno de Esperanza Aguirre mantiene negociaciones con una empresa israelí para que adquiera el 49% del Canal de Isabel II que la Comunidad sacará a Bolsa previsiblemente este verano.
La polémica por la privatización del Canal de Isabel II, de titularidad pública desde hace más de 150 años, ha vuelto a la actualidad. El portavoz de IU en la Cámara madrileña adelantó a este diario que los planes de la Comunidad de Madrid de llevar a cabo una Oferta Pública de Venta (OPV) de la empresa que gestiona el agua regional se harán realidad este verano. La operación, que fue aprobada en la Asamblea de Madrid gracias a la mayoría absoluta del PP en el último pleno de 2008, fue paralizada debido a la crisis económica.
La salida a Bolsa del Canal se incluyó dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2009, en la que también se incluyó la reforma de la Ley de Cajas regional, una medida que provocó un fuerte enfrentamiento con la oposición y con el Ayuntamiento de la capital y que posteriormente fue recurrida por el Gobierno central ante el Constitucional. Un recurso que obligó a Aguirre a dar marcha atrás y redactar la ley de acuerdo a un consenso con todos los grupos, lo que facilitó el nombramiento de Rodrigo Rato como presidente de Caja Madrid.
Aunque Gregorio Gordo asegura que desconoce el nombre de la empresa israelí con la que la Comunidad está negociando, lo cierto es que hay una compañía de este país que se dedica a la gestión del agua, entre otras actividades, y que ya opera en España a través de una filial.
Se trata de Clean Technologies Group, que entró en España de la mano de la Junta de Extremadura que la contrató para un mejor aprovechamiento del agua. Según IU, el Canal cuenta con un patrimonio de 670 millones de euros y su precio de mercado es de 2.960 millones. Gordo estima que la privatización de la mitad de la empresa pública provocará un aumento en las tarifas del agua. Además, el Ayuntamiento ya advirtió de que conllevará un cambio en el contrato que tiene firmado con el Canal, ya que en lugar de adjudicarlo de manera directa, tendrá que convocar un concurso público.
Por su parte, CCOO y UGT adelantan conflictos laborales ya que los contratos con los trabajadores tendrán que cambiar con la entrada de capital privado. Los sindicatos reconocieron a este diario que no entienden por qué una empresa que tiene beneficios tiene que ceder parte de su titularidad.
Esta misma tarde, en el Pleno de la Asamblea, Gordo preguntó a la presidenta sobre sus planes respecto al Canal. Aguirre señaló que la empresa pública necesita «afrontar un programa de inversiones de más de 4.000 millones de euros» y que la alternativa sería subir las tarifas. El portavoz de IU advirtió de que su partido hara «todo lo que esté en su mano» para impedir un «proceso de expoliación» que también «desregulará las relaciones laborales» y «debilitará los derechos constitucionales» de los empleados.
El actual presidente del Canal es Ignacio González. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid podría haber decidido reactivar el proyecto de privatización de la empresa pública tras haber tenido que renunciar a la carrera por la presidencia de Caja Madrid, que finalmente recayó en Rato. González fue uno de los dirigentes madrileños objeto de seguimientos por parte de la presunta trama de espionaje en la Comunidad. También fue ‘espiado’ quien fuera su ‘número dos’ en el Canal, Ildefonso de Miguel, quien dimitió por sorpresa en julio de 2009, en medio de sospechas por algunas adjudicaciones y poco después de conocerse los seguimientos.
