Las ONG católicas se han dividido frente a la reforma de la Sanidad, que restringe la asistencia a los inmigrantes indocumentados. Mientras que Cáritas ha pedido al Gobierno que de las garantías necesarias para que sigan dando cobertura a los ‘excluidos’, Karibu asegura que las pretensiones de Ana Mato son “inviables”.
Las diferencias de opinión respecto a la reforma sanitaria del Ejecutivo parecen haberse instalado en el seno de la Iglesia Católica. Las medidas contempladas por el ministerio que dirige Ana Mato, que pretende desviar a los inmigrantes que queden fuera del Sistema Nacional de Salud a las ONG, ya ha generado las primeras discrepancias.
Cáritas pidió hace unos días al Ejecutivo que les diese las garantías necesarias para seguir dando cobertura a todos los que sean ‘excluidos’ del sistema sanitario español con la reforma. El secretario general de la organización humanitaria, Sebastián Mora, aseguró que no serán capaces de soportar el aluvión de solicitudes que lleguen a su red de atención primaria cuando se retire la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin ayuda de la administración.
Por ello, y ante el previsible “incremento de los casos de demanda de ayuda en cuestiones de salud atendidos por la red de Acogida y Atención primaria” de esta institución de la Iglesia Católica, Cáritas aboga por seguir protegiendo los “derechos sociales” a través de los “sistemas públicos” a pesar de que “vivimos tiempos en los que tenemos que hacer especiales esfuerzos y sacrificios” debido a la crisis económica.
Una afirmación que no comparten en la Asociación Karibu, dedicada a favorecer la integración de los inmigrantes subsaharianos en Madrid. El director de esta organización, el sacerdote mercedario Antonio Díaz de Freijo, ha asegurado a EL BOLETÍN que la propuesta de Mato es completamente “inviable e irrealizable”.
El máximo responsable de esta ONG asegura que ninguna organización humanitaria “tiene capacidad para dar asistencia a los inmigrantes” porque no tienen los medios ni los médicos para hacerlo. “El Gobierno está dando palos de ciego”, ha asegurado el sacerdote, y no puede pretender que estas entidades “sustituyan al Estado en su obligación de dar asistencia sanitaria universal”.
Aunque desde Karibu aseguran que van a atender a los inmigrantes en la medida en que les sea posible, no van a firmar ningún acuerdo con el Ministerio de Sanidad en el que se comprometan a “crear un gueto de asistencia social”.
Tras asegurar que las pretensiones de Mato no serían realizables ni con financiación, ya que a partir de ahora aumentará el número de ‘excluidos’, Díaz de Freijo ha indicado que lo que hay que hacer mantener la universalidad de la asistencia y “dar la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes” para que puedan acceder sin problemas al sistema público de salud.
Se trata de una “broma de mal gusto” del Gobierno, ha dicho el director de Karibu, que ha insistido en que ellos “están para cubrir defectos de forma, situaciones de marginación, defectos burocráticos”, pero que no pueden funcionar como un “sistema sanitario alternativo”.
Además, Karibu se ha mostrado preocupada por la desaparición de la obra social de las cajas. Desde la organización señalan que “las subvenciones y las ayudas sociales son indispensables para poder completar los programas de las ONG”, que verán muy mermadas sus capacidades de atención a colectivos inmigrantes si estos apoyos desaparecen.
