La Comisión Europea ha propuesto hoy el desbloqueo de 19.000 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo con el objetivo de que los Estados miembros los utilicen para proteger el empleo e impulsar nuevos puestos de trabajo durante el período 2009-2010. Del total propuesto por Bruselas, 2.300 millones se destinarían a España. Esta medida tendrá que ser aprobada por el Parlamento Europeo, que a partir del 7 de junio tendrá una nueva composición.
Esta cantidad será financiada íntegramente por las arcas comunitarias, con la condición de que los países utilicen los fondos para crear medidas concretas como la formación continua de los trabajadores o el apoyo a las empresas para flexibilizar las jornadas laborales.
De forma excepcional, se exime a los Estados miembros y las comunidades autónomas de la financiación de entre el 15% y el 50% de estas ayudas, que es la práctica habitual. En 2011 el Fondo Social Europeo retomará su funcionamiento normal.
La medida está pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo.
La medida responde a un “compromiso común a favor del empleo”, que ha presentado hoy la Comisión, tras dialogar con los interlocutores sociales. Dentro de la iniciativa, también se incluye la creación de un organismo para conceder microcréditos a pymes.
La Comisión ha propuesto destinar 100 millones de euros para financiar estos créditos, a los que se le sumarán los fondos del Banco Europeo de Inversiones y de otras instituciones financieras multilaterales, con lo que se prevén 500 millones de euros en préstamos para las pymes europeas.
De estos 19.000 millones, 2.300 irán destinados a España. España tiene previsto utilizar la financiación del Fondo Social Europeo para formación, impulso del espíritu empresarial, aumento de la presencia de mujeres en el mercado laboral y elevar la baja productividad de la economía con proyectos de I+D y formación continua.
Los principales sindicatos españoles, UGT y CCOO, se han sumado a un manifiesto que reclama un Tesoro único para la Unión Europea (UE), algo que según los firmantes no está en el programa de ninguno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones del Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 7 de junio. Mediante esta institución, los sindicatos consideran que se puede llegar a medidas de política económica y social comunes para combatir la crisis de una manera más efectiva.