Un sector del PP está comenzando a elevar la voz contra la política lingüística de Francisco Camps en Valencia y que contrasta con el mensaje de Génova en defensa de la enseñanza en castellano. La Generalitat concede subvenciones a los comercios que rotulen en valenciano.
El presidente valenciano, Francisco Camps, vuelve a ser motivo de división en el seno del PP donde a algunos dirigentes no les ha gustado que el Gobierno valenciano apruebe unas ayudas que ascienden a 350.000 euros para aquellos comercios que rotulen “exclusivamente en valenciano”.
En este sentido, las voces críticas recuerdan las numerosas ocasiones en las que los populares han criticado las multas del Gobierno catalán a los comerciantes que no rotulan en catalán, una de las líneas de oposición del PP catalán que se enfrenta a unas elecciones autonómicas en otoño. De hecho, el partido que lidera Mariano Rajoy integra una plataforma llamada ‘Por una Cataluña en libertad. No a las multas lingüísticas’, junto a Ciutadans y UPyD y que reclama la derogación de la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998.
Las diferencias de criterio entre la estrategia nacional del PP y la política de uno de sus ‘barones’ ha sido denunciada por varias asociaciones. Una de ellas, la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística entregó en la sede del PP una carta y un dossieres denunciando la situación de una niña valenciana que suspendió varias asignaturas porque una profesora, según señalan, se negó a corregir sus exámenes en castellano. En Génova les recibió la diputada por Cuenca del PP, María Jesús Bonilla, responsable de Cultura del partido, sin embargo, no han recibido respuesta.
No es el único frente abierto contra la política lingüística de Camps. La Fundación Unidad más Diversidad, creada por Juan de Dios Dávila, ex concejal del PP en Hernani, requirió la semana pasada notarialmente en la sede del partido a Rajoy para que cumpla su programa electoral garantizando la libertad de elección lingüística de los padres. El documento cita los epígrafes del programa de Rajoy 177, 179, 186 y 187 en los que se detallan medidas para garantizar la enseñanza en castellano en todo el territorio español.
La fundación también exige que “se modifique con carácter inmediato la legislación autonómica valenciana contraria a los derechos de los padres a educar a sus hijos en castellano”.
La política lingüística de Camps también tiene detractores, pero por motivos contrarios a los de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística. Hace unos días se creó la plataforma ‘Sí al valencià’, integrada por colectivos sociales, sindicales y por todos los grandes partidos política valencianos, excepto el PP. Reclaman entre otras cosas que la Generalitat incluya el requisito lingüístico en la nueva ley del funcionariado, es decir, que se acredite un conocimiento perfecto del valenciano.
