El presidente del PP, Mariano Rajoy, no quiere dejar en manos de sus comunidades el debate sobre el recorte de gastos que centrará la reunión de esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por ello, Cristóbal Montoro ha impuesto a estas regiones una estrategia común.
El responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, ha mantenido hoy un almuerzo con los responsables de las consejerías de Economía de las comunidades donde gobierna su partido para fijar las ‘líneas rojas’ durante la negociación del plan de austeridad esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Según ha adelantado este mediodía la vicesecretaria de Organización del partido, Ana Mato, el PP no aceptará recortes en educación y sanidad y advirtió al Gobierno que debe “predicar con el ejemplo” porque “no tiene autoridad moral para pedir austeridad cuando él no está dispuesto a sacrificarse”. De esta manera, Génova vuelve a oponerse frontalmente al recortes en sanidad, a pesar de que la semana pasada la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, consiguió cerrar un acuerdo con las autonomías para contener el gasto en un momento en el que el sistema de salud registra un déficit de unos 10.000 millones de euros al año. El pacto se centra principalmente en reducir el gasto farmacéutico, disparado en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, necesita cerrar un acuerdo esta tarde con las comunidades para cumplir con el compromiso adoptado dentro del plan de austeridad enviado a Bruselas, que contempla un recorte de 50.000 millones de euros, de los cuales un 20% tiene que ser aportado por las administraciones autonómicas y locales. El acuerdo es vital, teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha censurado la falta de concreción del documento. Salgado alegó el pasado miércoles que no podrá concretar más las medidas de recorte hasta haber cerrado un acuerdo con las comunidades. Entre las propuestas que presentará a lo largo de esta tarde en el CPFF, figura la posibilidad de fraccionar los pagos por transferencias no determinadas por normas o contención de gastos de personal.
El pasado 5 de marzo, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Salgado impuso un plazo de tres meses a las CCAA para que presenten un plan de recorte del gasto público. En ese plan, el Gobierno propone racionalizar las estructuras públicas, es decir, suprimir o integrar carteras, algo que ya han hecho autonomías como Madrid o la Junta de Andalucía.
Los grupos parlamentarios han dado por finalizada la comisión negociadora del Gobierno. A pesar de que Salgado aseguró el miércoles pasado que les llamaría en 48 horas a una nueva reunión, esa llamada no se ha producido. Sólo CiU asegura haber recibido llamadas, pero del PSOE, para tratar de cerrar acuerdos puntuales.
