Las decisiones de Ignacio González han echado más gasolina a las ya de por sí caldeadas protestas de los profesionales de la Sanidad. El presidente de la Comunidad de Madrid ‘perdona’ a Capio un millón y medio de euros al año correspondientes al salario de 98 trabajadores que paga el Gobierno regional a pesar de que trabajan en un centro gestionado por esta empresa. Una prerrogativa que no concede a otras empresas privadas y que si no existiese habría evitado alguno de los recortes acometidos en los últimos meses.
Las últimas informaciones conocidas sobre los privilegios de Capio en Madrid podrían dar un nuevo impulso a la movilización de los trabajadores de la Sanidad pública. Esta empresa ha logrado un favor de Ignacio González, que se encarga de pagar las nóminas de 98 personas que forman parte de la plantilla de la gestora privada en el Centro de Especialidades de Argüelles. Esos sueldos le cuestan al Ejecutivo autonómico alrededor de dos millones y medio al año, aunque el presidente regional sólo reclama a Capio un millón, tal y como han reconocido, según varias informaciones, fuentes de la empresa.
El abono de los sueldos a cargo del Gobierno regional, y la consiguiente prerrogativa, comenzó en 2009, cuando era Esperanza Aguirre la que estaba en el poder, aunque Ignacio González ha decidido mantenerla a pesar de que ha anunciado numerosos recortes contra los que se han levantado los profesionales sanitarios.
Ese año la Comunidad de Madrid permitió que esos 98 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) siguiesen trabajando en este centro, cuya asistencia sanitaria puso en manos de la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Capio, en vez de ser trasladados a otros hospitales o ambulatorios controlados por el Ejecutivo regional.
Un privilegio con el que no cuentan otras empresas privadas del sector. Este es el caso UTE formada por Dragados, ACS, Bovis Lend Lease y Sufi, gestora del Hospital Puerta de Hierro, a la que el Gobierno autonómico ha estado pagando desde 2008 el sueldo de 400 trabajadores mientras que al mismo tiempo abonaba al consorcio el precio acordado por encargarse de llevar este centro.
Ahora el Ejecutivo de Ignacio González reclama ese dinero a la concesionaria, concretamente 7,9 millones de euros, aunque parece que no tendrá nada fácil cobrar ese dinero, ya que esta UTE no está de acuerdo con esa cifra.
No obstante, la más perjudicada por los ‘regalos’ del presiente regional a Capio es la Sanidad pública. Según fuentes conocedoras de la situación, si el Gobierno autonómico pasase a la empresa privada la factura completa por los sueldos de esos 98 trabajadores hubiese podido dejar abierto el laboratorio de análisis clínicos que cerró el pasado mes de diciembre con la ‘excusa’ de ahorrar.
