El Gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros, ha aprobado el proyecto de Ley del Juego, que contempla nuevos impuestos a la actividad de las empresas de apuestas ‘on line’, que hasta el día de hoy estaban exentas de tributar. Además, tendrán que solicitar un “título habilitante” para operar. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido el encargado de anunciar esta norma que viene a regular “una realidad muy distinta a la que se conocía antes” en referencia al auge que han protagonizado las páginas que se dedican a esta actividad en la red.
Rubalcaba ha asegurado que el proyecto ha sido pactado con las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas la mayoría de las competencias en materia de juego y que ingresaran el nuevo tributo en su totalidad.
Con el proyecto de Ley del Juego, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha aprovechado para introducir “una normativa básica” para reforzar la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) con el objetivo de que sea “lo más estable posible”. Las únicas actividades reguladas en este ámbito hasta esta decisión eran las del juego presencial, como casinos o bingos, que se rigen por leyes autonómicas.
Las asociaciones operadoras de juego consideran, sin embargo, que el borrador de la nueva legislación aprobado en el Consejo de ministros no salva las diferencias frente a los portales de juegos de Internet. Las patronales tradicionales critican al Ejecutivo, además de provocar la ruptura del equilibrio entre juego público y privado, la celeridad con la que se ha introducido la reforma, que no les ha permitido alegaciones.
Estas asociaciones de juego tradicional estiman que el proyecto de ley no contempla la “ventaja” que han tomado los empresarios de portales de juego ‘on line’ desde que iniciaran su actividad. Según datos facilitados por la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juegos Recreativos a EL BOLETÍN, este tipo de sitios web cuenta con una cifra aproximada de 370.000 usuarios dados de alta “bajo un régimen que no se ha ajustado a la legalidad”, razón por la que las operadoras tradicionales esperaban algún tipo de medida correctora.
Por otro lado, otro de los puntos criticados por las asociaciones de empresarios del juego tradicional alude a la demora de siete años que han transcurrido desde que se iniciaran las quejas respecto a los portales de apuestas y juegos en la red.
Heliodoro Giner, secretario general de la Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ) opina que “el juego tradicional está extremamente regulado con una normativa muy estricta”. Giner ha resaltado la presión fiscal a la que se ven sometidas las operadoras físicas, gravadas con el 50% sobre los ingresos.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi), que representa a las empresas de juegos por Internet, Sacha Michaud, confía que la futura ley “ofrezca portales competitivos con respecto a quienes no cumplen con la legislación” de cara a que no se genere un mercado paralelo de apuestas y juegos. La norma se orienta a garantizar la protección de los usuarios, como el veto a personas que lo soliciten voluntariamente, señala.
Otras características
El proyecto de Ley de Regulación del Juego estipula la creación de un órgano regulador, la Comisión Nacional del Juego, que velará por el cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, la concesión de licencias y autorizaciones, así como garantizar el funcionamiento del sector y el cumplimiento de la normativa. Todos los operadores necesitarán de un ‘“título habilitante” a excepción de la lotería, que será la única controlada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.
