Primero fueron Castellón, Valencia y Albacete y ahora le ha tocado el turno a Madrid. La fachada del Ministerio del Interior ha sido testigo de las consignas, los pitidos y hasta el humo, con el que cientos de manifestantes congregados en pleno Paseo de la Castellana, en su mayoría pequeños empresarios del sector de la hostelería, han querido escenificar su rechazo a la recientemente estrenada Ley antitabaco. Una protesta dirigida directamente a Alfredo Pérez Rubalcaba “por su creciente protagonismo en el Ejecutivo”, según los convocantes.
Así, las tradicionales pancartas o las típicas consignas como “La Hostelería quiere libertad” o “Pajín esfúmate”, se mezclaron con una nube de humo provocada por los pitillos, puros y hasta las tradicionales mascletás, con las que los cientos de manifestantes -entre 3.000 y 3.200 personas según los organizadores- llegados de varias provincias españolas en 25 autobuses, quisieron reivindicar el derecho a fumar en los locales públicos.
Arropados tras el lema “Prohibición total. Ruina del sector”, asociaciones como la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, o la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid, encabezadas por la Federación Española de Hostelería (FEHR), pero también personas individuales como Celeste Lozano Díez, hostelera de una pequeña localidad de Madrid, decidieron tomar el Paseo de la Castellana por unas horas para criticar una norma que consideran “ha sido creada como problema por este Gobierno para ocultar problemas reales”, según rezan en un manifiesto.
Así, el presidente de la FEHR, José María Rubio, en declaraciones a ELBOLETIN, se ha preguntado porqué “si se apoya a la banca o al ladrillo se aplasta a la hostelería con una de las normas más restrictivas de Europa”. “Tan sólo Irlanda tiene una legislación contra el tabaco similar y allí también ha sido un fracaso”, argumenta.
La opinión manifestada por Rubio es suscrita también por Celeste, dueña de un bar en Torre de la Alameda, que no sólo se declara abiertamente insurgente de la nueva normativa (en apenas dos meses acumula 4 denuncias), sino que además reconoce haber empezado nuevamente a fumar como crítica a la política antitabaco del Gobierno.
Pérdidas estimadas
Y es que, según José María Rubio, estas críticas se apoyan en pérdidas reales, y así ha querido dejar patente a este diario que en apenas dos meses, la nueva norma ha ocasionado pérdidas en un 86% de los establecimientos, en su mayoría pequeños negocios familiares. Un descenso de los beneficios de hasta un 23%, tal y como recogen en una encuesta sobre el impacto económico de la Ley Antitabaco, elaborado sobre un total de 1200 establecimientos, en su mayoría bares (595) y restaurantes (415).
La situación expresada por Celeste y por el informe del FERH, contrastan con el estudio elaborado por el Ministerio de Sanidad sobre el impacto de la ley, en el que se afirmaba que la nueva ley permitiría ahorrar hasta 90 millones de euros durante el primer año de vigencia. Una cifra que debería crecer con el tiempo gracias a la mayor afluencia de fumadores a los establecimientos. Este ahorro se basaría en el coste económico del tabaquismo en el sector hostelero, que según el organismo público, ascendió a 447 millones de euros derivados del absentismo laboral por enfermedades relacionadas con el tabaco, la pérdida de productividad o los costes adicionales de limpieza, mantenimiento y conservación de instalaciones.
Sin embargo, Gregorio, uno de los manifestantes y dueño de dos bares y un restaurante sitos en la localidad de Paterna, niega percibir esos beneficios. Así, este valenciano afirma que sus beneficios han caído un 60%, por lo que “en poco tiempo tres empleados se tendrán que ir a la calle”. La situación, explica, si bien es dramática en los bares, ya que la gente ya ni desayuna, ni se toma una caña a media tarde ni alterna como antes, también salpica al restaurante, en el que han desaparecido las sobremesas o las tradicionales comidas de negocios.
Pero las protestas realizadas hoy en Madrid no quedan aquí, mañana le tocará el turno a León dentro de una gira que pretende, según el presidente de la FERH, recorrer las capitales de provincia y principales ciudades de nuestro país. Asimismo, también planean presentar ante el Congreso las firmas recogidas (unas 12.000 sólo en la Comunidad Valenciana, según estimaciones).
Demanda
Lo que sí es seguro es la interposición de una demanda conjunta contra la Administración del Estado para que indemnice a los hosteleros con el reintegro de la parte de los costes de las obras de habilitación para espacios sin humo que les quedan por pagar, y que según explican, todavía no han amortizado. Por el momento abogados de Madrid y Cataluña han expresado a la FERH la viabilidad de esta demanda por lo que esperan presentar esta semana una primera denuncia conjunta de 15 particulares a la que invitan al resto a adherirse.
