Los inversores que confiaron sus ahorros a Nueva Rumasa han recurrido a los grandes bufetes de abogados españoles para recuperar su patrimonio. En la lista se encuentran Gómez Acebo, Garrigues o Uría & Menéndez, que no han querido hacer declaraciones a EL BOLETÍN por un “conflicto de intereses”. Si las empresas de la familia Ruiz-Mateos (Dhul, Clesa, Carcesa, Hibramer, Garvey, Hotasa, Trapa, Quesería Menorquina, Elgorriaga y Rayo Vallecano) presentan el concurso de acreedores, los inversores -unos. 5.000- podrían ser los últimos en cobrar. En teoría. En la práctica, Nueva Rumasa podría priorizar abonar sus pagarés para evitar ser acusada de un delito de estafa, penado con hasta seis años de cárcel.
De hecho hoy, Facua ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Badajoz que inicie una investigación para esclarecer si Carcesa -propiedad de la familia Ruiz-Mateos- ha incurrido en un delito de estafa en la emisión de pagarés supuestamente destinados a la compra de nuevas compañías y con los que ingresó 70 millones de euros. La asociación de consumidores explica que la empresa pudo haber estafado a los inversores que adquirieron los pagarés que emitió en 2009 y que ofrecían un interés anual del 8% con un vencimiento de un año, al utilizar el dinero para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Nueva Rumasa.
Las comunicaciones de Nueva Rumasa para acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que concede un plazo de tres meses prorrogable a cuatro para renegociar su deuda y evitar la entrada en concurso de acreedores, se encuentran repartidas por los juzgados de cinco comunidades autónomas. En concreto, se han presentado ante diferentes instancias de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Baleares.
Según ha asegurado el experto en derecho concursal del bufete Jausas Agustí Bou a la agencia EuropaPress, en caso de que las empresas entren en concurso de acreedores, la dispersión de los procesos en varias comunidades favorecerá a los pequeños acreedores, como proveedores y trabajadores, mientras que la acumulación en un sólo juzgado será mejor para las entidades financieras y para los inversores en pagarés.
El abogado señala que algunos de estos pagarés pertenecen a una empresa de la familia Ruiz-Mateos, pero están garantizados con activos de otra de sus sociedades, por lo que les beneficiaría que una misma administración concursal y un mismo juez velaran por mantener el patrimonio de la sociedad insolvente.
El experto recuerda también que Nueva Rumasa “no es un grupo empresarial como tal”, ya que no consolida cuentas anuales y carece de una matriz sobre las demás sociedades, lo que sumado al carácter local de las empresas y a la disparidad de actividades hace que tenga “poco sentido” acumular los procesos.
En este escenario, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino tiene previsto celebrar esta semana una reunión con representantes sindicales para abordar la situación derivada de la entrada en fase preconcursal de las diez empresas.
